Las farmacias alzan la voz tras sufrir meses de impagos por parte de las administraciones

Las farmacias de la Comunidad Valenciana a través de la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), han denunciado la crítica situación que atraviesan desde que hace meses la Generalitat Valenciana no paga les las facturas pendientes: "se trata de una realidad que trasciende al propio colectivo farmacéutico: es un incumplimiento con los ciudadanos de la comunidad".

La deuda de la Generalitat Valenciana con los proveedores asciende ya a 1.800 millones de euros de facturas a proveedores, principalmente de sanidad que supone más del 80%. Es la consecuencia directa del estado de déficit en el que se encuentra la Comunidad Valenciana debido a la infrafinanciación con el sistema actual, sumado al tacticismo de asfixia económica que aplica el Gobierno del PSOE sobre la administración autonómica del PP al negar la partida del FLA extraordinario y retener las entregas a cuenta durante seis meses. 

CONPYMES ha recordado al respecto que el sistema de dispensación farmacéutica en España establece que el farmacéutico tiene "la obligación legal de dispensar los medicamentos prescritos, financiando su coste hasta que recibe el reembolso por parte de la administración pública".

Por tanto, cuando "la administración -en este caso autonómica, pero también con corresponsabilidad estatal- no cumple con sus obligaciones de pago, no está dejando de pagar solamente a las farmacias, sino que está dejando de cumplir con su obligación con la ciudadanía".

Además, ha recalcado que este retraso se produce, además, en una comunidad recientemente golpeada por una dana que ha afectado gravemente a muchas zonas del territorio. Aun así, el sector farmacéutico "respondió de manera ejemplar, reorganizando en cuestión de días la red de distribución y dispensación para garantizar el acceso a los medicamentos, demostrando, una vez más, su compromiso como servicio esencial".

Por todo ello, el presidente de CONPYMES, José María Torres, ha exigido "que las administraciones competentes actúen con responsabilidad, priorizando la sostenibilidad y solvencia de un servicio que es piedra angular de la atención sanitaria de proximidad y que recae en micro y pequeñas empresas, gestionadas por autónomos". "La salud de la ciudadanía no puede depender de la gestión financiera de las administraciones públicas", ha recalcado.

Según ha detallado la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en una entrevista en ESdiario, en cuanto el Gobierno envíe entre 800 y 900 millones de euros correspondientes a las entregas a cuentas que llegan seis meses tarde, "se reducirá   esta deuda comercial", pero como ha indicado la consellera, "no desaparecerá" ni conseguiran liquidar todas las facturas pendientes si el Gobierno no entrega el FLA extraordinario que se activó hace 13 años para compensar la infrafinanciación sintética derivada del obsoleto sistema de reparto autonómico y que por primera vez se le niega.