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Camarero retrata la hipocresía socialista con los menores migrantes: "solo un Ayuntamiento del PSPV se ha ofrecido a acogerlos"
La consellera de Servicios Sociales lamenta que los consistorios gobernados por los socialistas valencianos no hayan ofrecido recursos para la acogida impuesta por el propio Gobierno de Sánchez y denuncia respuestas “ideológicas y poco humanas” a la consulta de espacios disponibles llevada a cabo por la Generalitat.
Rescatan a trece personas en una patera a 400 metros de Torrevieja
La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha cargado duramente contra los ayuntamientos gobernados por el PSPV por su actitud ante la llegada, impuesta por el propio Gobierno central del PSOE, de menores migrantes la Comunitat Valenciana. Según ha explicado, pese a que el Consell remitió cartas a los municipios de más de 10.000 habitantes —con gobiernos de distintos signos políticos— para interesarse por su capacidad de acogida, los consistorios socialistas se han desmarcado del proceso y solo uno ofrecido una serie de viviendas para poder acogerlos ante el colapso existente en los centros de la Generalitat. .
“Es chocante e incoherente que no quieran cooperar ni coordinarse y que no hayan puesto a disposición ni un solo recurso”, ha subrayado. Camarero ha lamentado que, de todos los ayuntamientos socialistas, solo Vila-real ofreció dos viviendas para acoger a los menores. “El resto han despotricado directamente”, ha afirmado.
En su opinión, los consistorios del PSPV están “dando la espalda a los menores que pudieran llegar a la Comunitat en el reparto que Sánchez ha decidido”. Según ha relatado, las respuestas socialistas suelen repetirse: “Dicen que no tienen recursos, pero que les parece bien el reparto, que es equitativo y que está financiado. Y eso significa, según ellos, que es equitativo que al País Vasco y Cataluña no lleguen menores y sí a la Comunitat”.
Frente a la negativa de los municipios socialistas, Camarero ha destacado la actitud de los ayuntamientos gobernados por el PP, que “han entendido la dificultad, han denunciado la política migratoria del Gobierno y han ofrecido coordinación interinstitucional”.
“No se quejan de la carta. Todas las quejas llegan por parte de los ayuntamientos socialistas, que no quieren coordinarse con la Generalitat ni ofrecer recursos”, ha remarcado.
Preguntada por qué el municipio de Altura, con apenas 4.000 habitantes, también recibió la carta, la vicepresidenta ha admitido que probablemente se trató de un error administrativo.
Pese a ello, la polémica se centra en la actitud de los consistorios del PSPV, a los que Camarero acusa de anteponer la ideología a la solidaridad en un tema tan sensible como la acogida de menores migrantes.
El reparto al Supremo
Camarero ha vuelto ha informar, a su vez, de que el Consell recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el reparto de menores migrantes no acompañados al considerar que el decreto supone una “infracción constitucional” y un riesgo para el sistema de protección de la Comunitat. “El sistema de protección actual se pone en riesgo con esta decisión y por eso pedimos al Supremo una suspensión cautelar para evitar un traslado inadecuado y masivo”, ha advertido.
Según explica Camarero, el decreto del Gobierno “invade las competencias propias de la Generalitat en materia de asistencia social y protección de menores”, además de vulnerar la autonomía financiera al imponer una distribución de plazas “sin planificación previa ni recursos suficientes”.
La vicepresidenta recuerda que el decreto ni ha tenido en cuenta los datos remitidos por las autonomías ni se ha aprobado en la conferencia sectorial, lo que a su juicio incumple los procedimientos legales básicos.
Un sistema saturado: 160% de ocupación y 23 millones de coste anual
Camarero ha expuesto las cifras que reflejan la presión que ya soporta el sistema valenciano:
- 1.720 plazas residenciales, con una ocupación cercana al 160%.
- 23 millones de euros de coste anual, asumidos íntegramente por la Generalitat.
- 122 plazas nuevas creadas en los últimos años, un 62% más que en la etapa del Botànic, financiadas “a pulmón” por la Comunitat.
“Somos una comunidad solidaria y responsable: hemos ampliado plazas, hemos atendido a menores llegados en patera y por vías vecinas. Pero no se puede exigir lo imposible”, ha señalado. Además, la vicepresidenta ha denunciado la insuficiencia del fondo habilitado por el Gobierno: 7,4 millones para 571 menores, lo que supone una media de 75 euros al día por menor, muy lejos de los 218 euros de coste real que tiene en el sistema valenciano. “No es solidaridad, es desatender las necesidades reales y poner en jaque un modelo que cumple los más altos estándares de calidad”, insistió.