"Han sido tres años de calvario": Absuelto el policía acusado de delito de odio por vincular inmigración y delincuencia
La Audiencia de Valenciana falla que "prevalece la libertad de expresión" frente al delito de odio en el caso del exinspector jefe purgado por Marlaska, Ricardo Ferris, que supone un duro golpe para la Fiscalía y reconfigura el marco jurídico de los delitos de odio en España
El inspector jefe de Policía Nacional cesado, Ricardo Ferris.
Coincidiendo con el Día del patrón de la Policía, ha trascendido la sentencia absolutoria para Ricardo Ferris, el exinspector jefe para el que la Fiscalía de delitos de Odio pedía tres años de prisión por vincular la inmigración y la delincuencia durante una ponencia. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia falla que "prevalece la libertad de expresión".
La justicia ha dado la razón a este agente de la Policía Nacional que ha vivido "tres años de calvario" -como apunta en declaraciones a ESdiario- desde que contó sus experiencias personales en la comisaría del centro de Valencia, iniciándose una persecución contra él por parte de la Fiscalía dirigida por Susana Gisbert y que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska le expulsara del cuerpo.
"Estoy muy contento", ha celebrado. "Es una sentencia muy técnica, muy bien documentada y ha terminado como tenía que terminar", ha manifestado Ferris a este periódico. "Es muy positivo, no solo para mí, sino también para los que viene detrás de mí, les será de ayuda", ha añadido.
Su absolución es un hito jurídico que redefine el alcance del delito de odio en España. Este fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia marca jurisprudencia, estableciendo un precedente que podría beneficiar a numerosos acusados quienes, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, se han visto perseguidos bajo esta figura legal del delito de odio que desde su aplicación ha sido objeto de controversia. Es el caso, por ejemplo, del sacerdote Custodio Ballester, quien se enfrenta a una acusación por delito de odio tras criticar el islamismo radical.
La declaración de Ricardo Ferris en una charla de Vox que le llevó al banquillo
- "Desgraciadamente, a día de hoy, nos guste o no nos guste, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la Guardia civil son extranjeros, son gente que viene de fuera, en el sentido un poco más amplio de la palabra".
- "No todos los inmigrantes son delincuentes, eso es totalmente cierto, solo un tonto diría lo contrario…".
- "Y ustedes como ciudadanos van a tener que colaborar con la policía, no podemos quedarnos al margen diciendo horrorizados y deseando que la delincuencia no llegue a nuestro barrio, a nuestra ciudad, y grabando con el móvil lo que hace la policía, ustedes tienen que ser parte activa en la solución de la seguridad ciudadana porque el tema es más que preocupante".
La fiscal Susana Gisbert solicitó a Ferris tres años de prisión e inhabilitación por delito de odio asegurando que tiene "animadversión" contra los inmigrantes y que "los datos son falsos", algo que Ferris probó posteriormente mostrando los datos de las nacionalidades de detenidos de su comisaría. En un juicio esperpéntico, se presentaron falsos damnificados, personas inmigrantes que decían sufrir acoso a raíz de las manifestaciones de Ferris en una charla. Una atribución inverosímil teniendo en cuenta que fue una ponencia en petit comité en el Ateneo de Valencia ante unas cincuenta personas.
En cambio, la Audiencia de Valenciana falla que "prevalece la libertad de expresión de ideas y opiniones sobre la mera transmisión de hechos, que en este caso no son más que el sustento de la tesis del conferenciante".
Además, el tribunal señala que no puede entenderse acreditado que la charla del acusado hubiera incitado a algún acto de violencia, humillación o discriminación. "El relato del acusado pivota sobre la idea de que la delincuencia ha aumentado notablemente debido a la inmigración descontrolada. Contiene críticas a los poderes públicos y a los medios de comunicación, y apela al cambio político. Se puede estar de acuerdo con esa idea o no", apostilla la Audiencia, pero no ve delito. A su juicio, "la idea troncal de la charla pretende fomentar un debate público, aunque parte de la población, o incluso una mayoría, pueda no compartir la tesis del orador. Desde este punto de vista, el análisis de la criminalidad que hace el acusado está amparado por la libertad de expresión".