Recuerden, Madrid decide y Valencia obedece

En la Comunidad Valenciana, las direcciones regionales del PSPV y PPCV, y las provinciales de Vox, navegan en la permanente contradicción de defender los intereses de la Comunitat mientras obedecen las órdenes que llegan desde sus sedes centrales. Las calles Génova, Ferraz y Bambú en Madrid, donde se ubican sus “mandos nacionales”, mandan y ordenan lo que se hace aquí, en Valencia. Una injerencia que vacía de contenido el autogobierno valenciano y trata a sus organizaciones autonómicas como meras sucursales. Madrid decide y Valencia obedece.

La democracia española lleva años enferma de un mal identificado como "centralismo de partido". Mientras el discurso oficial se llena la boca con la defensa de la España plural, la práctica real es la de un país hipercentralizado donde las decisiones se cocinan en Madrid y se sirven en frío en los territorios; durante la Transición, el fenómeno designaba al de aquellos que consideraban a España como el “territorio comprendido en el interior de la M-30”. En la Comunitat, este fenómeno no es una excepción, sino la regla no escrita que gobierna la vida interna de sus principales formaciones políticas, aunque cada una la sufra con distinta intensidad y sintomatología.

El caso del PSPV es, si cabe, más paradigmático por su doble discurso. Oficialmente se presenta como el gran defensor del autogobierno y el modelo federal. En sus documentos, aboga por una "organización territorial que promueva la descentralización y el respeto a las identidades territoriales". Sin embargo, en la práctica, la dirección federal ejerce un control férreo sobre sus federaciones territoriales. Sobre todo, con la irrupción del “sanchismo” y la transformación del PSOE en la correa de transmisión de la voluntad de poder y supervivencia política de Pedro Sánchez como el inquiokupa de la Moncloa

¿Cómo pueden defender con autoridad el autogobierno valenciano al que aspiran acceder en 2027 cuando ni siquiera son dueños de sus propias decisiones internas?

La sombra de Ferraz es alargada y decide sobre todo lo importante. Un ejemplo, la designación de la ministra Diana Morant como secretaria general del PSPV y de su argumentario en La Comunitat, ajeno la mayoría de las veces a la realidad valenciana; una realidad vista desde el prisma madrileño. Además, y lo que es más crucial, la disciplina de voto en el Congreso de sus diputados en materias que afectan directamente a la Comunitat; no es raro ver a diputados valencianos del PSOE tener que votar en contra de los intereses valencianos porque la directriz nacional así lo exige. Esta esquizofrenia política –predicar el federalismo mientras se practica el centralismo– debilita su credibilidad y los desarma frente a sus adversarios. ¿Cómo pueden defender con autoridad el autogobierno valenciano al que aspiran acceder en 2027 cuando ni siquiera son dueños de sus propias decisiones internas?

Pero si hay un caso que ejemplifica la patología centralista en su estado más puro, ese es el de Vox. La formación que lidera Santiago Abascal es, según los expertos, "un caso extremo de falta de democracia interna". Sus estatutos ni siquiera recogen la existencia de órganos regionales. Todo el poder reside en el Comité de Acción Política (CAP) ubicado en la calle Bambú, en Madrid, que es quien toma las decisiones y las impone en los territorios. Se trata del “núcleo duro” donde Santiago Abascal junto a Kiko Méndez Monasterio, Gabi Ariza, Buixadé y unos pocos más, definen la línea ideológica, los intereses de Vox y las decisiones estratégicas vitales que “enviados a las provincias”, como es el caso de Montse Lluís, son el canal directo de esa autoridad central, asegurando, en nuestro caso, que la posición política en Valencia nunca se desvíe del dogma establecido en Madrid; independientemente de si esa rigidez beneficia o perjudica el gobierno autonómico o a los intereses valencianos. Y el que se atreva a desviarse, caerá sobre él, o ella, el estigma y las llamas de un infierno. Cual secta toxica.

Ejemplo, la orden dada en julio de 2023 de romper gobiernos de coalición con el PP en diversas comunidades, desencadenando una crisis de gobernabilidad, se tomó de forma unilateral en Madrid, en el CAP, y se impuso en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sin considerar las realidades locales ni las consecuencias para los ciudadanos; ni la de aquellos que habían reordenado sus vidas para servir en los puestos designados por la dirección central de Vox. Y un ejemplo reciente ha sido la sustitución del viejo presidente provincial de Valencia, Gil Lázaro, por el torero y licenciado en derecho, Vicente Barrera, crítico en su día con la decisión tomada por Madrid y ahora obediente a lo que Madrid designe.

De este modelo de partido centralizado no se libra tampoco el PPCV, en donde la sombra de Génova es alargada y decisiva. Desde su sede central han demostrado la tendencia a imponer candidatos y estrategias que priorizan el equilibrio de poder nacional sobre el talento y el arraigo territorial. Si un líder autonómico intenta desviarse del guion marcado desde Madrid, el aparato central está listo para recordarle su posición subordinada, primando la disciplina por encima de las demandas territoriales. Es por ello, por lo que la remodelación del Consell anunciada para el próximo día 5 de noviembre, la cuarta en dos años y medio de legislatura, pero necesaria para afrontar su último tramo, no extrañaría que se decida e imponga desde Madrid. En poco más de una semana lo sabremos.

Esta dinámica centralista hace que los partidos sean extremadamente frágiles y recuerda que, al caer el líder, el derrumbamiento es inmediato, empezando por la parte más débil, la periferia del partido, por no haberla cuidado. Ejemplo, cualquier “invento liberal” surgido desde los despachos madrileños. Mientras Madrid siga estrangulando la autonomía de sus organizaciones territoriales, aquí, en la Comunitat, la política valenciana estará condenada a la irrelevancia, a ser un eco lejano de debates ajenos, un patio trasero donde se ejecutan decisiones que toman otros. Y, en ese escenario, son los ciudadanos valencianos los principales perjudicados.