riada 29 octubre
Ni pidiendo dan ayuda: el Gobierno de Sánchez rechaza el 66% de las peticiones por la dana
La Generalitat Valenciana denuncia que el Ejecutivo central de 59 medidas solicitadas para reconstruir viviendas, centros sanitarios, carreteras y servicios básicos, el sólo ha aceptado 20, la mayoría sin aportación económica directa
Pedro Sánchez en una visita a Valencia tras la dana
“Si quieren más recursos, que los pidan”, fue una de las frases más virales y criticadas de Pedro Sánchez hace un año tras la devastadora dana de Valencia. Pero la realidad es que ni pidiendo ayuda, la da el Gobierno. Un año después de la riada que golpeó con fuerza la provincia de Valencia, las promesas de apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez han quedado en papel mojado. De las 59 medidas solicitadas por la Generalitat Valenciana para reconstruir viviendas, centros sanitarios, carreteras y servicios básicos, el Ejecutivo central solo ha aceptado 20, la mayoría sin aportación económica directa.
El resultado: dos de cada tres peticiones de ayuda de la Generalitat Valenciana han sido rechazadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, dejando a los municipios afectados y a miles de familias sin respaldo del Estado. El Ejecutivo central ha dicho “no” a la mayor parte de las iniciativas impulsadas por el Consell en los grupos de trabajo creados tras la riada del 29 de octubre. La Generalitat Valenciana había planteado un plan integral para acelerar la recuperación de las comarcas afectadas, con medidas coordinadas en vivienda, sanidad, servicios sociales, educación, economía y transporte.
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Sin embargo, las reuniones mantenidas entre consellers y ministros se han quedado en el olvido: no hay inversiones, no hay calendarios y no hay compromiso. Entre las denegaciones más graves destacan: 175 millones para reponer equipamientos educativos dañados, 250 millones para reparar residencias y centros de día, 45 millones en prestaciones de dependencia y ayudas extraordinarias a familias, 340 millones para reparar infraestructuras agrarias y caminos rurales, 140 millones para centros sanitarios y material médico, 199 millones en ayudas para viviendas y bono eléctrico, 182 millones para hostelería y sectores productivos y el rechazo a incluir 28 municipios valencianos en el plan estatal de reconstrucción, dejando fuera a 80.000 vecinos.
El Gobierno de Sánchez, además, se ha negado a cofinanciar proyectos básicos de transporte como la tarjeta gratuita Recuperem Valencia, la línea C3 de Cercanías o el soterramiento de vías en Alfafar y Sedaví, actuaciones clave para garantizar la seguridad tras la DANA.
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Un esfuerzo desigual entre el Gobierno y la Generalitat por la dana
Ante el abandono del Gobierno de Sánchez, la Generalitat Valenciana ha tenido que asumir a pulmón la reconstrucción. Solo en carreteras y transporte público se han invertido 600 millones de euros, y ya se preparan actuaciones por valor de 2.000 millones más. Todo ello mientras la Comunitat Valenciana continúa siendo la región más infrafinanciada de España, sin que el Gobierno central haya avanzado ni un milímetro en la reforma del sistema de financiación.
El contraste es abrumador: el Estado maneja un presupuesto de 386.000 millones de euros, frente a los 32.300 millones de la Generalitat Valenciana. Aun así, el Consell de Mazón es el que está sufragando la práctica totalidad de las obras de recuperación. Para colmo, el Gobierno ha condicionado cualquier ayuda adicional a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que obligará al Ejecutivo valenciano a endeudarse en más de 4.000 millones para poder seguir adelante con las reparaciones.
Desde el Consell de Mazón califican de “decepcionante e injusto” el trato recibido. Las comarcas afectadas -muchas de ellas todavía con daños visibles- siguen esperando las ayudas prometidas hace un año. “Las familias necesitan hechos, no titulares”, lamentan fuentes autonómicas. Mientras tanto, la Comunitat Valenciana continúa reconstruyéndose con recursos propios, sin respaldo económico de Madrid, y con la amarga sensación de que, una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado la espalda al territorio más castigado por la dana.
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