La jueza de la dana a la caza de Vilaplana: pone en duda la declaración de la periodista que comió con Mazón

El juzgado de instrucción de Catarroja que investiga las posibles consecuencias penales por la gestión de la dana del 29 de octubre pone el foco sobre la periodista que comió con el presidente Carlos Mazón. Maribel Vilaplana aseguró en sede judicial que en el reservado no podía escuchar las conversaciones que el jefe del Consell mantenía por teléfono y la jueza, Nuria Ruiz Tobarra, encarga ahora pruebas gráficas de la sala poniendo en duda su declaración. 

Este lunes da un paso más pidiendo pruebas que sirven para corroborar la veracidad de su acompañante en el Ventorro. En concreto, la jueza ha solicitado al dueño del restaurante que aporte, en el plazo de un día, una fotografía de la sala donde comieron a petición de varios letrados. La fotografía "por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala", motivo por el que considera que es "preciso que se facilite por el titular del restaurante las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida".

Admite esta petición y solicita dichas pruebas por la "necesaria valoración de la posibilidad de escuchar, por quienes se encontraban en dicha sala, los comentarios o las conversaciones que hubiera podido efectuar el Presidente de la Generalitat, sr. Carlos Mazón, en relación a la emergencia de la dana". Así lo ha decidido pese a que Maribel Vilaplana declaró el pasado 3 de noviembre que no escuchaba con quién habló ni le preguntó por ello. Según la periodista, Mazón "se levantaba y se distanciaba" y cuando volvía a la mesa "no le comentaba nada". Asimismo, el dueño de El Ventorro declaró el pasado viernes que no escuchó llamadas de Mazón.

Obteniendo los datos exactos de la dimensión de la sala, junto con la obtención de la factura espera "acreditar de manera objetiva", tanto la duración estimada de la comida, así como "la posibilidad de que oyeran algo en la prolongada estancia en el restaurante, cerca de cuatro horas".

La magistrada ya investiga sin tapujos al presidente de la Generalitat Valenciana en funciones. Busca indicios de su posible injerencia en las decisiones que tomaba la exconsellera imputada en el Cecopi, Salomé Pradas. Pero lo hace de forma indirecta, pues al contar con aforamiento no puede investigarle oficialmente. Para justificarse, la jueza señala que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia,  que indicaba la "pertinencia" de las diligencias destinadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi en la tarde del 29 de octubre de 2024. En este auto, se subrayaba que el 'president' ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas por ley funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell.