La jueza de la dana sigue acorralando a Mazón citando a cualquiera que viera, hablara o se cruzara con él día de la dana

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, ha fijado nuevas comparecencias clave en la causa. Entre el 27 de enero y el 27 de febrero, deberán declarar ocho testigos, entre ellos responsables de la Abogacía de la Generalitat, altos cargos de Emergencias y varios asesores y colaboradores directos del expresident, Carlos Mazón. Entre las personas que deberán ir a testificar se encuentra hasta el chófer que tenía asignado el jefe del Consell día de la dana. 

Las citaciones figuran en una diligencia de ordenación notificada este miércoles a las partes y se enmarcan en el análisis del proceso de toma de decisiones durante la emergencia, especialmente en lo relativo a la posibilidad de decretar el confinamiento de la población, una de las cuestiones centrales de la investigación judicial.

Las primeras declaraciones se celebrarán el 27 de enero, cuando comparecerán el coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia e Interior y el abogado general de la Generalitat, citados por las consultas recibidas la tarde de la dana sobre el encaje jurídico de un eventual confinamiento. Ambos están llamados a declarar a las 9.30 y 11.30 horas, respectivamente.

El calendario continúa el 6 de febrero con la comparecencia del entonces director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín, y el 13 de febrero con el director de la empresa pública SGISE, Raúl Quílez, responsable del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana en aquel momento.

Núcleo cercano

Especial relevancia adquieren las citaciones vinculadas al núcleo más próximo de Carlos Mazón. El 20 de febrero está llamado a declarar el chófer que tenía asignado el día de la dana, mientras que los días 23, 25 y 27 de febrero comparecerán tres de sus asesores más cercanos: Josep Lanuza, Francisco González, entonces director general de Comunicación, y la jefa de prensa, Maite Gómez. Lanuza y Gómez acompañaron a Mazón en su llegada al Cecopi a las 20.28 horas del 29 de octubre.

La magistrada acordó estas citaciones tras recibir un informe de la Abogacía de la Generalitat, fechado el 26 de diciembre de 2025, en el que se detalla que, aunque no hubo consultas escritas, sí se produjeron llamadas telefónicas breves relacionadas con la situación meteorológica. En una de ellas, el entonces subsecretario de Justicia e Interior preguntó si un confinamiento tendría cobertura legal, recibiendo una respuesta afirmativa.

El informe también recoge una llamada del entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García —citado como testigo el próximo 22 de enero— al abogado general de la Generalitat, en la que le alertó de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, solicitara apoyo jurídico si era necesario dictar una resolución sobre el confinamiento. Sin embargo, tras esas conversaciones, no se pidió ningún informe adicional, ni verbal ni por escrito.

La jueza destaca que este informe contradice la versión ofrecida por José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón, quien aseguró que la Abogacía había desaconsejado el confinamiento y que esa supuesta posición motivó los mensajes enviados a Pradas pidiéndole que no adoptara esa medida. En uno de ellos, enviado a las 19.54 horas, Cuenca escribió: “De confinar nada, por favor. Calma”.

Según subraya la magistrada, el documento oficial solo acredita dos llamadas breves y una respuesta clara: que el confinamiento sí tenía respaldo jurídico, incluso citando los preceptos legales que lo permitirían. Esta discrepancia ha llevado al juzgado a profundizar en las comunicaciones internas y llamadas telefónicas realizadas durante la tarde del 29O para esclarecer cómo se tomó la decisión final en el Cecopi y el proceso que desembocó en el envío de la alerta a la población.