Antifraude investiga al alcalde de Almussafes por "represalias" contra la denunciante de acoso

La Agencia Valenciana Antifraude ha decidido dar un paso más en el caso de la empresa pública municipal de Almussafes. El organismo ha acordado iniciar un expediente sancionador por posibles represalias contra la denunciante protegida G. A. L, que previamente había alertado de irregularidades en la empresa pública EMSPA. La resolución abre la puerta a investigar tanto a responsables de la empresa como a cargos municipales, entre ellos de forma provisional al alcalde Toni González, ante la posibilidad de que se hayan producido actuaciones contra la trabajadora tras presentar su denuncia. G. A. L. es además la denunciante por acoso laboral y sexual al alcalde que ha derivado en su expulsión del PSOE.

Según la resolución emitida por la Agencia Antifraude, existen indicios de que la denunciante habría sufrido diversas acciones de presión después de comunicar las presuntas irregularidades. Entre esas actuaciones se mencionan situaciones de hostigamiento laboral, descrédito profesional, la apertura de un expediente disciplinario y el despido de la trabajadora. Para Antifraude, estos hechos podrían constituir “represalias” contra una denunciante del alcalde de Almussafes, Toni González, algo considerado especialmente grave dentro del marco de protección a informantes.

Uno de los puntos clave del expediente disciplinario contra la trabajadora fue la supuesta difusión indebida de un informe de auditoría con datos de empleados. Sin embargo, la Agencia Antifraude considera que ese argumento pierde peso, ya que el documento en cuestión ya había sido publicado previamente en la propia página web de la empresa pública, por lo que difícilmente podría considerarse información reservada o confidencial. Este detalle es uno de los elementos que ha llevado al organismo a considerar que existen suficientes indicios para abrir el procedimiento sancionador.

El expediente no se limita únicamente a un responsable concreto. La resolución señala que el procedimiento se dirige contra el gerente de EMSPA, la propia empresa pública, los miembros del Consejo de Administración y de forma provisional el alcalde de Almussafes, Toni González. La investigación busca determinar si se produjeron decisiones coordinadas para perjudicar a la trabajadora tras denunciar irregularidades. Mientras se tramita el procedimiento, la Agencia Antifraude ha ordenado medidas inmediatas para proteger a la denunciante. Entre ellas suspender el despido, reincorporar provisionalmente a la trabajadora a su puesto y evitar cualquier nueva acción de presión o represalia. Estas medidas buscan garantizar que la persona protegida pueda ejercer su trabajo sin sufrir consecuencias por haber denunciado irregularidades.

Si finalmente se confirma la existencia de represalias, las sanciones podrían ser muy elevadas. La legislación prevé multas de entre 30.001 y 300.000 euros para las personas físicas responsables y entre 600.001 y 1.000.000 de euros para la empresa. El procedimiento ahora entra en fase de instrucción, donde se analizarán todas las pruebas y alegaciones antes de determinar si existieron realmente represalias contra la denunciante. Una investigación de Antifraude que añade más fuego al incendio que tiene el alcalde de Almussafes, Toni González, tras la denuncia de acoso laboral y sexual que ha derivado en un cisma con la dirección del PSPV-PSOE.