Lo que gana un maestro

Soy hijo de docente, no me tienen que explicar cuánto gana una maestra y, antes que nada, ya afirmo: nunca suficiente. Sin embargo, resulta que, fíjense qué cosas, el último gobierno que les subió el sueldo, a los maestros digo, fue uno del PP, con el hoy conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, como director general de Personal Docente de la Generalitat, con Mazón todavía de cabo —dirigía en aquellos tiempos prehistóricos el IVAJ— y gobernando el predio Francisco Camps Ortiz. Fue allá por 2007 y, por tanto, haría bien el Partido Popular en desempolvar algunos datos, a mayor gloria, digo, del relato, ahora que vienen curvas en materia educativa.

La educación, como la sanidad, son carteras incómodas de gestionar porque generan mucho lío y poco brillo. Cuando el president Llorca llevó a cabo la remodelación del Consell tras la traumática salida de Mazón y el aggiornamento obligado un año después de la dana, diseñó su primera alineación para su gabinete como tal y es constatable que fue tremendamente complejo ocupar algunas posiciones, por causas de diversa índole: el calendario, el desgaste y el trauma postdana, y las hipotecas internas convirtieron la operación renove en un sudoku.

Para la cartera de Educación, Cultura y Universidades, el jefe del Consell consideró que Carmen Ortí, inspectora del ramo, profunda conocedora de los entresijos de tan farragoso ámbito, con amplia trayectoria en la enseñanza y con buenos apoyos internos —y valencianoparlante—, sería la mejor opción. El ecosistema educativo es un campo de minas para cualquier gobernante conservador porque hay mucha inversión amortizada y poco relumbre político pero, sobre todo, porque la masa laboral que hay que pastorear y que, en el caso de la Comunitat Valenciana, no se alinea, mayoritariamente, con el PP, para qué vamos a engañarnos. Más bien está en las antípodas.

El caso es que el gobierno valenciano va a encontrarse un nuevo frente que lidiar en la postrimería de este mes de abril. El profesorado valenciano en su conjunto, en la pública, la concertada y la privada, anuncia movilizaciones que complicarán la vida de las familias enormemente —en el final de curso— y van a suponer una considerable convulsión en la planificación escolar de miles de alumnos en el momento más sensible del año.

Más allá de los tópicos existentes sobre la vida del profesorado —mayormente los lugares comunes sobre sus largas vacaciones o que cobran más que algunos doctores de universidad—, lo cierto es que la huelga llega con un ruido difícil de ignorar, pero también con un eco incómodo: el del silencio mantenido durante años. Resulta llamativo que quienes hoy elevan el tono contra la Administración por cuestiones salariales guardaran entonces una prudencia casi monacal cuando el poder político era otro y las condiciones, en muchos casos, no diferían sustancialmente.

Hasta en cinco ocasiones, según ha enumerado el diario Las Provincias, negó el Botànic la posibilidad de modificar las condiciones salariales de los afectados, que, al parecer y en resumen, cobran 300 euros menos al mes que sus compañeros en el resto de España y que también salen perdiendo en otras comparativas. La reivindicación de mejoras económicas es legítima, faltaría más. Sin embargo, la coherencia también forma parte del contrato moral con la sociedad. Y ahí es donde el relato hace aguas.

Porque, cuando las protestas parecen activarse o desactivarse en función del color del gobierno de turno, el discurso pierde fuerza y se desliza hacia la sospecha de oportunismo. El colectivo profesoral es mayoritariamente más proclive a las tesis del Botànic, de la izquierda en definitiva, de forma estructural: el principal sindicato de la educación pública es una formación claramente ideologizada. También hay que decir que atribuir exclusivamente a esta cuestión la movilización laboral sería reduccionista: el sindicato mayoritario en la educación concertada y privada es una organización que no es de parte, y también está alineada con las reivindicaciones de sus colegas de la pública.

En fin, que al PP, como le suele pasar, le montan más pirulas que a sus adversarios cuando llegan al poder, incluso los suyos. Y lo que te rondaré cuando Feijóo llegue a Moncloa.