Dr. Bistoni: “La Ley Sara nace desde el dolor para regularizar una situación que era ya insostenible en el mundo de la cirugía plástica”

Hay leyes que nacen de la burocracia y hay leyes que nacen del dolor. La llamada Ley Sara pertenece, para muchos profesionales del sector, a ese segundo grupo. No nace sólo de un debate técnico ni de una discusión jurídica: nace del impacto que dejó la muerte de Sara Gómez, una mujer de 39 años y madre de dos hijos, que se sometió a una lipoescultura en Cartagena el 2 de diciembre de 2021 y falleció el 1 de enero de 2022 tras pasar por la UCI. La investigación judicial apreció indicios de homicidio imprudente y puso el foco en un dato esencial: la intervención fue realizada por un médico que no tenía la especialidad de Cirugía Plástica.

A partir de ahí, el caso dejó de ser solo una tragedia familiar para convertirse en un símbolo. También en una reivindicación. El Ministerio de Sanidad publicó en septiembre de 2024 una orden para limitar este tipo de cirugías a profesionales con la especialidad adecuada, en respuesta a una demanda social y sanitaria de mayor control frente al intrusismo. Más tarde, esa orden fue suspendida cautelarmente por la Audiencia Nacional, y el propio Ministerio abrió una nueva vía normativa para reforzar la seguridad jurídica de la reforma.

En ese contexto, el doctor Giovanni Bistoni, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva en Valencia, lo resume con una frase que sitúa el debate en el plano ético antes incluso que en el legal: “Hay leyes que nacen de la burocracia y leyes que nacen del dolor, y la Ley Sara es una de ellas”.

Para Bistoni, el caso de Sara Gómez puso nombre y rostro a una realidad que en el sector se conocía desde hacía años, pero que no había encontrado todavía una respuesta suficientemente firme. “Tuvo que nacer desde el dolor para regularizar una situación que era ya insostenible en el mundo de la cirugía plástica”, explica. Y añade una idea que pesa especialmente entre los especialistas acreditados: “Era un secreto a voces y una herida abierta en nuestra especialidad, porque veíamos cómo determinados procedimientos se estaban realizando fuera del marco que exige un acto médico de esta complejidad”.

La norma que se publicó en septiembre de 2024 modificaba la definición de la unidad asistencial de cirugía estética y buscaba reservar estas intervenciones a médicos con la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora o a otras especialidades quirúrgicas o médico-quirúrgicas que incluyan competencias en cirugía estética en su programa formativo oficial. El propio Ministerio justificó la reforma por el crecimiento de este tipo de procedimientos y por la necesidad de garantizar que los realicen profesionales con la titulación y competencias adecuadas.

Para el doctor Bistoni, la cuestión de fondo es sencilla de explicar, aunque durante años no siempre se haya trasladado bien al paciente. “La cirugía no es una actividad estética; es un acto médico. Y como acto médico exige formación, acreditación y responsabilidad”, sostiene. En su opinión, ahí está la verdadera importancia del cambio regulatorio que se reclama: no en blindar un privilegio corporativo, sino en proteger a quien se pone en manos de un profesional pensando que está en el lugar correcto.

El debate no afecta solo a la cirugía, sino a todo el ecosistema de la medicina estética. Según datos difundidos por la Sociedad Española de Medicina Estética, el 65% de los procedimientos estéticos en España estarían siendo realizados por profesionales no cualificados y un 20% tendría lugar en centros no autorizados, como establecimientos de estética, peluquerías o incluso domicilios privados. Para Bistoni, esas cifras ayudan a entender por qué el caso de Sara trascendió tanto: “No hablamos de una anécdota. Hablamos de una situación estructural que durante demasiado tiempo se ha normalizado”.

Desde su punto de vista, la diferencia entre un especialista y quien no lo es no puede reducirse a una cuestión administrativa o de marketing. “Los años de residencia, de formación rigurosa y de complicaciones gestionadas con criterio tienen que marcar una diferencia real”, afirma. Y lo concreta aún más: “El especialista en cirugía plástica es el único profesional con una visión integral de la anatomía facial y corporal para evaluar estructuras, proporciones, riesgos y resultados con un criterio global”.

Por eso, el doctor insiste en que el legado de Sara Gómez no debe quedarse en una consigna ni en un titular. “La tragedia de Sara podría haberse evitado. Y precisamente por eso su historia nos obliga a no mirar hacia otro lado”, afirma. Para él, la llamada Ley Sara representa algo más profundo que una modificación normativa: “Nos devuelve la oportunidad de evitar que algo así vuelva a repetirse. Ese es el verdadero compromiso con nuestra ética”.

En un momento en el que la demanda estética sigue creciendo y las redes sociales han acelerado decisiones que afectan a la salud, el mensaje de fondo que deja este debate es claro: la seguridad del paciente no puede quedar en segundo plano. Y ahí, sostiene Bistoni, no caben ambigüedades. “Decir la verdad al paciente, marcar límites y operar sólo cuando hay indicación, formación y garantías no es una opción. Es nuestra obligación”.