Podemos quiere 'chantajear' al Gobierno de Sánchez con la ampliación del aeropuerto de Valencia

Podemos, al igual que en su día pretendió hacer Compromís con el puerto de Valencia, pero se acabó comiendo la ampliación aprobada por el Gobierno de Sánchez sin rechistar, pretende 'chantajear' al Ejecutivo central con las obras de ampliación del aeropuerto de Valencia. La formación morada llevará al Congreso una proposición no de ley para detener las obras de Manises y estudiar el traslado del aeropuerto, y advierte de que condicionará su apoyo a futuras iniciativas del Ejecutivo al igual que hizo con el aeropuerto del Prat. Según denuncia la coordinadora autonómica de Podemos, María Teresa Pérez, las obras de esta infraestructura están arruinando la calidad de vida de cerca de 200.000 personas repartidas entre seis municipios del área metropolitana: Manises, Quart de Poblet, Xirivella, Aldaia, Mislata y la propia Valencia.

Pérez ha recordado que Podem ya utilizó esta misma palanca negociadora con el aeropuerto del Prat en Barcelona, condicionando su abstención a la Ley de Movilidad Sostenible a la paralización de aquellas obras, y que lo consiguió. Ahora pretende repetir la jugada con Manises, presionando al ministerio de Óscar Puente para que se comprometa a frenar una ampliación que considera "ambientalmente insostenible" y contraria al Acuerdo Verde Europeo.

Uno de los argumentos más contundentes que esgrime Podem es que el plan de expansión de Aena se apoya en datos de tráfico del año 2021, en plena pandemia, cuando el aeropuerto estaba prácticamente vacío. Una base estadística que, según la formación, distorsiona a la baja la huella acústica real y permite recortar las medidas de insonorización que deberían proteger a los vecinos. La realidad, sin embargo, es bien distinta: en 2025 el aeropuerto de Manises batió todos sus récords históricos con casi 12 millones de pasajeros y más de 93.000 vuelos, y la Generalitat prevé alcanzar los 17 millones antes de 2030.

Las consecuencias de ese ruido crónico no son, según los datos que maneja Podem, una mera molestia. La formación cita criterios de la Organización Mundial de la Salud para advertir de que la exposición prolongada al ruido aeroportuario está asociada a alteraciones graves del sueño, hipertensión, estrés crónico y un deterioro del rendimiento cognitivo en los niños escolarizados en los centros cercanos. A largo plazo, apuntan, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

El problema trasciende además las fronteras nacionales. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España en julio de 2024 por no haber actualizado los mapas de ruido ni notificado las restricciones operativas obligatorias, una negligencia que según Podem arrastra desde 2016. El Defensor del Pueblo también ha criticado la parálisis administrativa y ha reclamado que se cierre el expediente cuanto antes.

Entre las medidas que Podem llevará al Congreso figuran el cierre nocturno del aeropuerto entre las 23.00 y las 07.00 horas —en línea con lo que ya aplican Bilbao, Sevilla o el londinense Heathrow—, la actualización de la huella acústica con datos reales, la realización de estudios epidemiológicos entre la población afectada y, como horizonte a largo plazo, un estudio sobre la viabilidad de trasladar el aeropuerto a una ubicación donde no conviva con zonas densamente pobladas.