La delegada que no quiso mandar

En política, hay cargos que se definen por lo que hacen. Y otros, por lo que evitan hacer. Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha decidido situarse, con notable empeño, en esta segunda categoría justo cuando el orden público en la ciudad de Valencia exigía lo contrario: dirección, criterio y responsabilidad.

La ocupación de la plaza de la Virgen por parte de profesores de la escuela pública no era —ni es— un asunto menor. No por la legitimidad de la protesta, que nadie discute, sino por su derivada evidente en términos de orden público en el corazón institucional de la ciudad. Justo ahí donde el Estado no puede permitirse ni la ambigüedad ni la fuga. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que ha ofrecido la delegada: una fuga. Un intento apenas disimulado de sacudirse la responsabilidad y deslizarla hacia el Ayuntamiento de Valencia, como si las competencias fueran una cuestión opinable o, peor aún, negociable según convenga.

Conviene decirlo alto y claro: no es que la delegada no haya sabido qué hacer. Es que ha preferido no hacerlo. Porque ejercer el mando sobre la Policía Nacional —que depende directamente de ella— implicaba tomar decisiones incómodas, asumir costes y exponerse políticamente. Y frente a esa disyuntiva, ha optado por lo más fácil: que sea otro quien cargue con las consecuencias. El problema es que ese “otro” no era quien correspondía.

María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, ha respondido como cabía esperar de quien conoce el terreno que pisa y la ley que la ampara: negándose a asumir una competencia que no es suya y devolviendo la responsabilidad a quien nunca debió intentar esquivarla. Sin aspavientos, pero con una firmeza que, en este contexto, resulta casi insólita.

Porque lo que la delegada ha intentado no es solo incorrecto desde el punto de vista jurídico; es profundamente desleal desde el punto de vista institucional. Pretender que un ayuntamiento asuma el control de una situación que compete al Estado no es cooperación: es deserción. Y la deserción, cuando se ostenta la representación del Gobierno, tiene un nombre mucho más preciso: dejación de funciones. En un momento en el que se reclamaba autoridad, la delegada ha ofrecido excusas. Donde debía haber dirección, ha habido evasivas. Y donde se esperaba responsabilidad, ha aparecido una maniobra transparente para eludirla.

Por su parte, con elegancia, María José Catalá ha hecho exactamente lo contrario: recordar que las instituciones no son intercambiables y que la ley no se dobla para evitar incomodidades. Algo tan básico que, visto lo visto, conviene subrayarlo. Porque cuando una delegada del Gobierno renuncia a ejercer como tal, el problema ya no es la protesta en una plaza. El problema es quién está dispuesto a asumir el mando del orden público… y quién ha decidido, sencillamente, desaparecer con excusas de mal pagador.