Una oportunidad histórica ¿pérdida? para Alicante

Alicante se ha ganado por derecho propio el título de capital europea de la Propiedad Intelectual, consolidándose como una de las grandes referencias mundiales en la materia. Lo que diferencia a nuestra provincia no es solo ser la sede de la EUIPO, sino contar con un amplio ecosistema institucional, académico y empresarial, respaldado por una industria de servicios especializados (desde abogados hasta traductores, ingenieros y peritos).

Sin embargo, una de las piezas clave de este engranaje, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea (TMUE), languidece hoy en unos locales provisionales e insalubres en la calle Alona de la capital alicantina, con fugas de aguas fecales y sin espacio para los usuarios de la justicia, que han de esperar en la acera.

La situación es, sencillamente, vergonzosa, por tratarse de uno de los símbolos más emblemáticos de la imagen de la provincia en el exterior. No solo castiga a jueces y funcionarios, sino que deteriora la reputación del sector de la propiedad intelectual alicantino, sus expectativas de aportación de riqueza y la proyección internacional de nuestra provincia ligada a sectores económicos de la nueva economía.

Se ha hablado mucho de la ausencia en la provincia de Alicante de una sociedad civil reivindicativa que pudiera actuar como tractor de dinámicas de transformación política y social. Sin embargo, en los últimos meses se ha producido un raro ejemplo de cohesión en torno a la defensa de una sede digna para el Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

Desde la sociedad civil se han propuesto alternativas bien estudiadas, como el traslado de los tribunales al emblemático Edificio D del Distrito Digital, en el Muelle 5 del Puerto de Alicante, actualmente desocupado. Un enclave estratégico que no solo dignificaría la institución, sino que potenciaría el hub tecnológico y jurídico de la ciudad. Un movimiento de esta naturaleza, con el visto bueno de la Consellera de Empresa, requeriría inversiones asumibles y solo puede ser recibido con agrado en Bruselas, que tiene aquí la estrella de sus agencias comunitarias.

A pesar de este clamor social e institucional, la Conselleria de Justicia parece haber descartado la propuesta del puerto, con la intención de mantener su ubicación futura en unos locales cercanos al complejo de Pardo Gimeno. Cualquiera que conozca la realidad judicial sabe que estos espacios son claramente insuficientes y carecen de la infraestructura y el empaque que precisa un tribunal internacional de estas características. Y no es admisible que se invoquen presuntos informes técnicos que no se han hecho públicos ni han sido objeto del debido debate y contradicción.

Llegados a este punto, deberíamos plantearnos si estas decisiones se toman de forma apresurada y poco informada por la falta de un estudio profundo y riguroso sobre la aportación a la economía provincial y autonómica de todos los factores que tienen que ver con la Propiedad Intelectual. La falta de visión es más evidente si tenemos en cuenta que Alicante podría atraer a las empresas que lideran el negocio mundial gracias a su propiedad intelectual, añadiendo a su oferta el elemento imprescindible de una justicia rápida, moderna, confiable y en una sede que transmita los valores adecuados.

Un despropósito de esta naturaleza nunca se hubiera permitido si estos tribunales estuvieran en Valencia, de donde es oriunda la Consellera de Justicia. Históricamente, Alicante ha sido sacrificada cuando sus intereses chocaban con los de Valencia, pero esta situación es distinta y más grave. La pérdida actual de Alicante no beneficiaría a Valencia, sino que trasladaría una ventaja competitiva directamente a Barcelona y Madrid, que compiten por hacerse con estos tribunales especializados.

Un proyecto de esta envergadura, demandado unanimemente por la sociedad alicantina, no puede quedar sepultado por la burocracia. Los alicantinos hemos sido una sociedad particularmente cainita: las únicas banderas que hemos levantado han sido siempre de enfrentamiento. Esta es una de las pocas banderas en torno a la que todos estamos de acuerdo. Por ello, es necesario, de manera inaplazable, el impulso y la intervención directa del president, que es quien puede apreciar el significado de esta decisión estratégica para proyectar la imagen internacional de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana.