El Consell exige una investigación "inmediata", justicia y ayudas para las víctimas del tren de Bejís cuatro años después

Casi cuatro años después del accidente del tren que quedó atrapado por el incendio forestal de Bejís, la Generalitat ha elevado el tono y ha exigido al Gobierno de España que acelere la investigación judicial y depure responsabilidades por un suceso que dejó una veintena de heridos y marcó uno de los episodios más dramáticos de aquel verano de 2022, con Ximo Puig todavía de president de la Generalitat, en la Comunitat Valenciana y su futura esposa, Gabriela Bravo, como consellera de Emergencias.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano en la que iba a detellar las ayudas para los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó, para reclamar que el procedimiento judicial por este sucesos deje de estar paralizado y que las víctimas reciban, por fin, una respuesta. Sus declaraciones llegan cuando en apenas unas semanas se cumplirán cuatro años del accidente ocurrido el 16 de agosto de 2022. "Cuatro años después, las víctimas siguen esperando", lamentó Barrachina, quien calificó lo ocurrido como el resultado de "flagrantes negligencias públicas" al recordar que "se envió un tren a un territorio previamente evacuado porque estaba incendiado".

El incidente se produjo cuando un tren de Media Distancia que cubría la línea Valencia-Zaragoza quedó rodeado por las llamas del incendio forestal de Bejís. El convoy detuvo su marcha e inició una maniobra para retroceder, pero varios pasajeros, presas del pánico ante la cercanía del fuego, abandonaron los vagones y sufrieron quemaduras de diversa consideración. El suceso dejó numerosos heridos y abrió una investigación judicial por posibles delitos de lesiones y daños.

La causa judicial se inició meses después, aunque posteriormente fue archivada de forma provisional mientras se esperaba un informe pericial sobre diversos dispositivos electrónicos del tren. En los últimos meses, la decisión sobre una posible reapertura ha seguido pendiente de resolución judicial.

"La situación de los afectados es inadmisible"

Durante su comparecencia, Barrachina aseguró que la situación de los afectados continúa siendo "inadmisible" y denunció que muchos arrastran todavía importantes secuelas físicas, psicológicas y económicas. Según explicó, "las únicas ayudas que han recibido han sido aquellas que, de carácter humanitario, decidió el Gobierno valenciano aplicar", al tiempo que sostuvo que algunos afectados "han perdido el empleo por las quemaduras que sufrieron".

El portavoz del Ejecutivo autonómico fue especialmente duro al afirmar que "ninguna de las víctimas ha sido resarcida" y que "no ha habido procedimiento judicial cuatro años después". Incluso recordó que una de las personas afectadas falleció posteriormente al no poder continuar con normalidad el tratamiento oncológico que recibía, una circunstancia que, a su juicio, evidencia las graves consecuencias que dejó el accidente.

Barrachina vinculó, además, esta reclamación con la actual investigación sobre el incendio forestal de la Serra d'Espadà, insistiendo en que las administraciones deben actuar con rapidez para esclarecer cualquier posible responsabilidad. "Urgimos al Gobierno de España investigación, claridad, la detención de los culpables y que los juicios se desarrollen con prontitud", afirmó Barrachina, quien defendió que estos procedimientos deben resolverse "para que estas situaciones que afectan de forma recurrente a la Comunitat Valenciana y al conjunto de España no vuelvan a repetirse".

Las declaraciones se producen mientras la Generalitat continúa gestionando las consecuencias del gran incendio forestal declarado el pasado fin de semana entre la Vall d'Uixó y la Serra d'Espadà, donde el Consell también ha reclamado que, si se confirma un origen intencionado, la investigación avance con rapidez y se depuren responsabilidades penales.

Para el Ejecutivo valenciano, el accidente ferroviario de Bejís sigue siendo un ejemplo de cómo una emergencia puede agravarse cuando, según sostiene, fallan los mecanismos de coordinación y respuesta institucional, por lo que insiste en que las víctimas no pueden seguir esperando una resolución casi cuatro años después.