La ley de costas en manos de fundamentalistas
Construcciones y multitud de clubes náuticos, de playa o de regatas de las costas españolas se encuentran bajo amenaza de demolición total o parcial
Les Casetes de Nules
A estas alturas nadie, o casi nadie, duda de las complejas consecuencias del calentamiento global. Que se lo pregunten al catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y premio Jaume I José María Baldasano, autor del libro “Dos grados más no son para tanto. Una historia del negacionismo climático” en el que con idénticas muestras de rigor y valentía describe una sociedad “carbonizada” a nivel global, esclava de la economía de utilización de combustibles sólidos y, básicamente, del petróleo.
Así se manifestó con claridad en el simposio de expertos organizado por ESdiario en la Universitat Politècnica de València (UPV) el pasado año, en el que alguien recordó el dicho “a la vora del riu no faces niu”. Aunque también es cierto que las ciudades se fundaron históricamente junto a playas, ensenadas y bahías. Y que gran parte de las capitales del mundo están hoy atravesadas por cauces fluviales.
El calentamiento de océanos y mares y el paulatino pero creciente aumento de su nivel es uno de los efectos mensurables del fenómeno que hay quien pretende simplificar con el mantra de la emergencia climática. De Nueva York a Tokio, de Alejandría a Venecia, políticos sensatos (que los hay) y científicos se afanan en el diseño de estrategias paliativas anticipadas.
Las líneas de costas y de ribera, reguladas por la Ley de Costas estatal, condicionan los usos y edificaciones a realizar en una banda generalmente de algo más de cien metros desde el agua, cuya regulación se revisa periódicamente en función de las últimas crecidas y un complicado conjunto de datos meteorológicos.
El asunto no es baladí y su repercusión en la planificación territorial y sus derivadas económicas tampoco. Multitud de clubes náuticos, de playa o de regatas de las costas españolas se encuentran bajo amenaza de demolición total o parcial ya que el art. 70 de la ley establece una caprichosa limitación de 300 metros cuadrados de superficie – la habitual del espacio social y unos simples vestuarios suele superarla- para nuevas concesiones o el mantenimiento de aquellas incluso históricas. Cataluña ha sufrido ya las consecuencias en Cabrera de Mar, Pineda y Canet, y otros tan emblemáticos como los de Sitges o Torredembarra corren idéntico peligro.
No es ajena tampoco la Comunitat Valenciana. Gandia, Oliva y Xàbia son algunos de los casos más llamativos. Y la propia Explanada de Alicante, cuyo Club de Regatas se trasladó hacia el sur hace ya unas décadas, se ve claramente afectada. Incluidos los edificios de viviendas o servicios, muchos históricos, al otro lado del paseo.
Galicia tiene legislación complementaria propia y apenas hace un par de meses que Baleares aprobó su Ley de Puertos permitiendo ampliar a cincuenta años las concesiones y, lo que es más importante, declaraciones de utilidad pública (DUP) que blindan situaciones críticas de la actividad náutica y abre vías a otros tipos de protección incluso de núcleos residenciales históricos.
Es razonable la existencia de una ley estatal que regule las afecciones marítimas, pero como ocurre en otros muchos casos como el de la accesibilidad o la prevención de incendios urbanos, la consideración de un territorio específico viene a perfeccionar su aplicación.
Lo intentó hacer la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, impugnada parcialmente por el Gobierno de España, sobre la que muy recientemente se ha pronunciado -también parcialmente- el Tribunal Constitucional. De ella dependen poblados marítimos como Les casetes de Nules o el de la playa de Babilonia de Guardamar. Y la más que razonable pretensión del Ayuntamiento de Valencia de repristinar en su sitio original el Monumento a Sorolla, proyectado por Mora con el busto de Benlliure, inaugurado a bombo y platillo en tiempos de la República y destruido por la riada del 57.
Posiciones fundamentalistas de responsables y técnicos del Ministerio de Transición Ecológica aparentan ser hoy por hoy un obstáculo insalvable. Aunque en otros temas de mayor envergadura, como el de la central nuclear de Almaraz, el radicalismo heredado de la ministra Teresa Ribera (con posición bien distinta ahora como comisaria en Europa) parece estar edulcorándose. Nos mantendremos atentos.