Por primera vez una víctima de la dana reconoce públicamente que le entrevistó el marido de la jueza: "Es un circo"
Las defensas de los investigados recurrirán contra el archivo de la queja contra la jueza instructora y su marido pidiendo que se escuche los testimonios de las víctimas
Deborah, víctima de la dana
Sobre la instrucción que investiga las 232 muertes provocadas por la riada de Valencia planea desde hace tiempo una cuestión insólita, impensable dentro del marco legal del sistema judicial actual: la presunta intervención del marido de la magistrada instructora en diligencias oficiales del caso. Pese a que ya existían audios filtrados que apuntaban a que el cónyuge de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra habría entrevistado a víctimas de las inundaciones -una práctica completamente ilegal al carecer de competencias para actuar en la causa-, por primera vez una víctima directa ha decidido dar la cara, poner su nombre y su voz públicamente para denunciar esta situación.
El testimonio llega como una muestra de hartazgo absoluto ante una instrucción judicial que se ha convertido en "un circo". Se trata de Déborah, cuyos padres fallecieron en la tragedia. "Me arrebataron a mis padres, que murieron ahogados en el garaje de Catarroja, ajenos a lo que iba a suceder", relata.
Denuncia que a punto de cumplirse dos años del desastre y del inicio del procedimiento judicial, siga sin hacerse justicia. "No hay justicia porque la instrucción está politizada", censura Deborah. La víctima sostiene su acusación confirmando de forma tajante la supuesta injerencia de la pareja de la magistrada Núria Ruiz Tobarra: "A mí me entrevistó el marido de la jueza", ha reconocido abiertamente a través de sus redes sociales. Además, la hija de los fallecidos ratifica que no ha sido a la única afectada por la presunta injerencia.
A pesar de la gravedad de estos testimonios, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido archivar la queja existente sobre estos hechos. El órgano de gobierno de los jueces ha descartado que existan pruebas con el grado de "solidez y certeza" exigidos para considerar probada la participación de un magistrado distinto a la titular en las declaraciones de los perjudicados.
Además, ha desestimado la validez de los audios de las entrevistas con el marido de la jueza que aportaron los propios afectados por haberlos grabado sin el consentimiento del que presuntamente estaría delinquiendo, según estos testimonios. Por este motivo, el CGPJ proyecta dudas sobre su valor en un expediente disciplinario.
Esta decisión ha provocado una inmediata reacción entre las defensas de los investigados. La representación legal de la exconsellera Salomé Pradas ya ha calificado la resolución de "precipitada y prematura", criticando que el CGPJ haya archivado el caso sin haber tomado declaración formal a las víctimas que aseguran pública y contundentemente que dicho magistrado intervino en las diligencias, pese a llevar más de un año de tramitación. La defensa de Pradas ha anunciado que agotará todas las vías legales para recurrir el archivo y garantizar el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley.
En la misma línea se ha pronunciado la defensa de Emilio Argüeso, exnúmero dos de Emergencias e investigado en la causa, que también ha anunciado que recurrirá la decisión del órgano de gobierno de los jueces y emprenderá las medidas legales oportunas. "Sin jueces sometidos a la ley, no puede haber justicia", ha reivindicado su abogado, José María Bueno Manzana