Morant presume de evitar un desahucio pero oculta que hundió esas viviendas sociales entre okupas, drogas y un muerto
El "modelo Morant" del que saca pecho la ministra: el edificio de la calle Perú que usa como referente a día de hoy está clausurado como consecuencia de su gestión cuando era alcaldesa en Gandía y ha costado una factura millonaria a los vecinos
La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha vuelto a escaparse de su trabajo en el Ministerio para viajar a Valencia a hacer campaña electoral. Ha asistido al Debate de Política General de la Comunidad Valenciana en Las Cortes Valencianas, desde donde ha tenido el cuajo de presentarse como una referente política en materia de vivienda, vendiendo como éxito haber evitado un desahucio durante su etapa como alcaldesa en Gandía, pero ocultando que su movimiento acabó con el bloque de viviendas sociales hundido entre la okupación, las drogas, un muerto, una factura millonaria y ha acabado finalmente clausurado.
En un contexto social agitado a raiz del desahuicio de Mari Carmen, la candidata del PSOE a las elecciones de la Comunidad Valenciana ha presentado su modelo de política de vivienda recordando que: "Yo era alcaldesa en el año 2015 y a los quince días me planté ante un desahucio en Gandia (Valencia) y me llevé a la mujer y al niño que vivían en esa vivienda y les busqué otra porque en aquel año no había ninguna norma que impidiera los desahucios ni siquiera a las personas más vulnerables o que no tuvieran alternativa habitacional", ha ensalzado con épica.
Se le ha 'olvidado' que su única gestión real en la materia fue sentenciada por el TSJ y hoy es un bloque de 79 viviendas sociales clausurado en Gandía. Y es que en esta localidad el episodio es conocido. Tanto es así que le llaman "el edificio maldito".
Perú, 57 fue su laboratorio del intervencionismo fallido. Eran 79 viviendas de alquiler social gestionadod a través de una concesión administrativa a 50 años a una empresa privada que gestionaba el alquiler social. Un modelo que, por cierto, funcionaba hasta que llegó Morant al Ayuntamiento.
En 2015, recién aterrizada a la alcaldía, decidió impedir de facto la ejecución de un lanzamiento acordado judicialmente. Al ver que no se pagaba y no pasaba nada, parte de los inquilinos regulares dejaron de pagar, se llenó de okupas y se convirtió en un nicho de venta de drogas. La Policía Local de Gandía actuó en decenas de intervenciones allí: peleas entre vecinos y okupas, enganches ilegales, destrozos en zonas comunes, clanes enfrentados por el control del bloque. El punto final fue una reyerta entre familias que acabó con un joven muerto y varios heridos graves. Después de eso, no quedó otra: clausurarlo.
Pero eso es solo el principio. La concesionaria llevó al Ayuntamiento a los tribunales. El sucesor de Morant, José Manuel Prieto, tuvo que asumir el marrón. El Ayuntamiento tuvo que tomar posesión del inmueble y pagar 500.000 euros del bolsillo de los gandienses solo en reparar los daños estructurales que dejaron años de okupación descontrolada. La empresa concesionaria reclama más de 17 millones de euros al Ayuntamiento de Gandia por el lucro cesante. Y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le dio la razón a la empresa con una sentencia demoledora.
Ese es el modelo del que presume Morant y que ahora dice que quiere extender a la Comunidad Valenciana e incluso a España con el Real Decreto Mari Carmen.