Vox exige hacer público lo que cuesta "la barra libre" de servicios sociales para inmigrantes
La diputada Ana Vega advierte que la inmigración "masiva y descontrolada" ha incrementado la presión sobre la sanidad y pide al PP una posición clara porque "ya no vale mirar a otro lado"
Ana Vega (Vox) en Las Cortes Valencianas
VOX exige al Gobierno que cuantifique el impacto de la inmigración en unos servicios públicos sometidos a una presión “insostenible”
-Ana Vega denuncia que la inmigración masiva y descontrolada ha incrementado la presión sobre la sanidad y reclama transparencia sobre los 555 millones destinados a atender a inmigrantes ilegales en el sistema sanitario valenciano
La portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha exigido al Gobierno que cuantifique y haga público el impacto que la inmigración ilegal ha tenido sobre los servicios públicos, especialmente sobre el sistema sanitario, que ha sufrido una presión que, según ha denunciado, se ha vuelto “insostenible”.
Durante su intervención, Vega ha advertido de que “la inmigración masiva y descontrolada ha llevado al colapso de los servicios públicos ” y ha reclamado que las administraciones aporten datos completos que permitan conocer cuántos recursos, profesionales e infraestructuras son necesarios para atender a una población cada vez mayor.
“Los españoles tenemos derecho a saberlo. Sin datos públicos completos no hay planificación; hay propaganda y hay improvisación ”, ha afirmado. La diputada de Vox ha señalado que esta situación se ha traducido en listas de espera y dificultades para acceder a determinados servicios públicos. En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Guillermo, un joven de 22 años de Callosa de Segura con autismo de grado 3 que lleva cinco años esperando una plaza en un centro de día.
Asimismo, ha denunciado que 500.000 valencianos esperan más de tres meses para una prueba diagnóstica o una operación, y ha cuestionado que el Gobierno no haya realizado una evaluación pública y detallada del impacto que tiene el incremento de población sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Ana Vega ha explicado que Vox ha solicitado información sobre el gasto sanitario asociado a la inmigración ilegal y ha señalado que, según los datos de los que dispone el grupo, en los últimos siete años se han destinado 555 millones de euros a la atención sanitaria de inmigrantes ilegales en la Comunidad Valenciana: “Queremos que se publique con rigor, que se expliquen sus conceptos y que se conozca su evolución. Porque detrás de cada cifra hay decisiones presupuestarias y, detrás de cada lista de espera, hay una persona, como Guillermo”.
La diputada ha reclamado que el Gobierno explique cuánto cuesta atender a una población cada vez mayor en hospitales, centros educativos y servicios sociales y cuántos profesionales, plazas e infraestructuras son necesarios para garantizar una atención de calidad: “No podemos pedirles a los ciudadanos que acepten esa situación mientras el Gobierno evita dar explicaciones sobre la capacidad real del sistema”.
La propuesta de Vox también ha planteado derogar el Real Decreto 180/2026, al que Ana Vega se ha referido como una norma de “barra libre sanitaria”, así como combatir el turismo sanitario y vincular, con carácter general, el acceso a la atención sanitaria pública a la residencia legal en España, garantizando en todo caso la atención ante emergencias vitales y aquellas situaciones que requieran asistencia inmediata.
Vega ha subrayado que la sanidad necesita, además, medidas para reforzar su capacidad asistencial y mejorar las condiciones de los profesionales que trabajan en ella. En este sentido, ha reclamado entre otras medidas, reducir los cupos de atención primaria y aprobar un Estatuto Médico propio que reconozca la singularidad, las responsabilidades y las condiciones de trabajo de los médicos. “Estatuto Médico propio, ya."
La portavoz adjunto ha defendido que una política responsable ha de permitir reforzar los servicios públicos y ofrecer a los ciudadanos información sobre los recursos disponibles: “Una política responsable debe poner orden en la inmigración, reforzar los servicios públicos y decirles la verdad a los ciudadanos sobre los recursos disponibles”.
Finalmente, se ha dirigido al Partido Popular para reclamarle que adopte una posición clara ante esta situación: “Llega un momento en el que ya no valen las excusas, ni los silencios, ni mirar hacia otro lado”.