DANA y vivienda, lo que de verdad importa

Un post en una red social de La 8 Mediterráneo en el que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, anticipaba doce horas antes el ES-Alert lleva ya 150.000 visualizaciones, y cierto radar nada científico que un servidor lleva incorporado desde hace tiempo a su día a día apunta a que eso, lo de la DANA, y la indignación por el decreto Maricarmen son los temas tendencia ahora mismo entre la feligresía. Es decir, sin ser Tezanos, me atrevo a asegurar que DANA y vivienda centran nuestras preocupaciones. Por eso no alcanzo a entender la afición a las no noticias que tenemos en este bancal, yo incluido, metiendo en el mismo saco el llamado "dossier Llorca".

Mientras Núñez Feijóo deshoja la margarita sobre Pérez Llorca, dando pábulo al dossier de la señorita Pepis, Pedro Sánchez ha logrado movilizar a la izquierda, desterrar al final del scroll lo de Ceuta y simular que, por primera vez, alguien hace algo por solucionar lo de la vivienda. Es un crack, nuestro presidente, pero hay que resistirse. Para desenmascarar a los fraudulentos, adanistas e ingenuos del momento, hay cosas que deben explicarse, porque quizá quienes de verdad entienden del asunto no se han prodigado lo suficiente, atados por el complejo de parecer insensibles, mientras los que agitan la pancarta no tienen ese problema.

Nuestros gobernantes, nuestros políticos y nuestro sector de la vivienda deben trabajar codo con codo para ver cómo hacer más viviendas asequibles, y con la mayor premura posible. Lo del trampantojo de los decretos y los desahuciados, que ocupa tanto papel estos días, es un problema grave, pero menor en cuanto a su incidencia global en el drama de la carestía de vivienda. Ponemos el foco en las acampadas, los escraches, los cánticos y las pancartas, cuando esos colectivos quechua no representan, ni muchísimo menos, a las verdaderas víctimas del problema, que son las clases medias.

El Gobierno pretende, con sus anunciadas medidas, aparentar que aporta luz penalizando a los propietarios y blindando, por ejemplo, el alquiler indefinido, lo que va a sacar miles de pisos del mercado y agravará aún más la emergencia habitacional. De hecho, cada vez que el Gobierno anuncia una medida para "proteger" al inquilino vulnerable, algún propietario particular hace números y decide que lo suyo, a partir de ahora, es vender el piso en cuanto quede libre. O, directamente, no alquilárselo al vulnerable, que es justo el riesgo que no está dispuesto a correr. No hay ideología en ese cálculo, solo aritmética: si la vivienda deja de ser un activo que se alquila para convertirse en un pasivo que se litiga, el propietario racional se retira del mercado, y una oferta ya escasa se adelgaza todavía más justo cuando la demanda aprieta.

La paradoja de estas leyes es que nacen para proteger al inquilino y terminan expulsándolo, porque menos pisos en alquiler significa, inevitablemente, precios más altos y menos opciones para el que llega después. Friedrich Hayek llevaba un siglo avisando de esto: las peores consecuencias no las provocan los cínicos, sino los bienintencionados que nunca calculan el efecto de segunda vuelta de su propia bondad legislada. Y la mayor parte de los pisos que se alquilan en este país son de propietarios individuales, de clase media, no de fondos buitre ni de "pymes muy carroñeras", que manda huevos.

Porque además hay aquí una trampa contable de fondo. Miren, se le pide al arrendador particular que financie, de su bolsillo y con su piso, una política social que corresponde al Estado. Y conviene dejar muy clara una cosa: que cada palo aguante su vela. De que la vivienda llegue a todos se encarga el Estado y de hacerla se encargan quienes la construyen. No hay más reparto posible. Proteger a una familia vulnerable es una obligación colectiva, sufragada con impuestos de todos, no una carga que se descarga de tapadillo sobre quien tuvo la ocurrencia de comprar un piso para alquilarlo, o sobre el promotor que arriesga su inversión. Y cuando la protección se diseña sin controles, lo que se incentiva no es la vulnerabilidad real, sino la simulada: impagos estratégicos, situaciones acreditadas con más voluntad que rigor, y el propietario, otra vez, como el único que no tiene abogado de oficio. El problema, en el fondo, no es que falte compasión, sino que sobra ingeniería social barata y falta parque público. Ese es el fallo estructural de verdad, y ninguna norma sobre desahucios lo resuelve, porque no construye ni un piso más.

En lo de la vivienda hay un obstáculo principal, y es el complejo de reconocer la verdad, porque la verdad no da titulares de indignación en cuarenta y ocho horas. Y la verdad está en la falta de suelo, la lentitud urbanística, el coste de construir y una financiación que no acompaña. Ese cuello de botella no se resuelve con un decreto de urgencia ni con una acampada en Sol o en Burjassot. Se resuelve con años de voluntad política sostenida, que es precisamente lo que este país nunca ha tenido con la vivienda. Tampoco ayuda meter en el mismo saco al fondo buitre que compra pisos para especular y al capital que invierte para construir alquiler nuevo, porque son operaciones de naturaleza distinta y merecen un trato distinto. Perseguir a la inversión productiva con la misma vara que a la especulación es garantizarse menos oferta futura, no más. El reto de verdad —el único que merece ese nombre— es aumentar el parque residencial: seguridad jurídica, incentivos a quien invierte, agilidad urbanística y colaboración público-privada, no otro parche de urgencia con nombre de víctima. Y aquí, para variar, coincido con la izquierda en el diagnóstico, aunque no en el remedio: este país necesita, de una vez, un parque grande de vivienda pública. Lo que no necesita es que cada vez que falta una casa, la solución sea quitarle otra al que sí la construyó.