Dos años de amarillismo judicial y cero culpables por la dana: Del morbo de El Ventorro, el veto al Gobierno a las sombras de la jueza

De la dana de Valencia la imagen que ha quedado en el imaginario colectivo español es la del expresidente en El Ventorro y la de miles de personas con el barro hasta las trancas durante días a la espera de que el Gobierno enviara al Ejército. Cuando se cumplen dos años, aún esperan que se haga justicia. Pero la macrocusa por la que han pasado ya 690 testimonios y 588 resoluciones judiciales arroja un balance en blanco: meses de sensacionalismo judicial centrados en detalles morbosos que no han esclarecido las posibles responsabilidades penales de las administraciones. 

Las filtraciones de conversaciones de WhatsApp de los dirigentes políticos, el lenguaje usado, los tipos de canapés o el color de la ropa del presidente, se convirtieron en elementos centrales de un espectáculo mediático. 

Aquel nivel de detalle sobre los movimientos de los cargos autonómicos contrasta con la ausencia de una investigación en la gestión de la parte del Gobierno central de Pedro Sánchez. Cabe recordar que la única que se ha negado a entregar sus conversaciones ha sido la que fuera delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, recién situada de número uno en la lista del PSOE para el Congreso por Valencia. Y es que en diversos escritos la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha dejado claro que no tiene ninguna intención de poner el ojo sobre cargos del Gobierno. Su investigación viene limitándose a conocer qué grado de conocimiento tenían de la situación los dos altos cargos de Emergencias de la Generalitat Valenciaina para tratar de atribuirles los muertos por la demora del ES-Alert. No es digno de investigar, a su juicio, el grado de conocimiento que tendría el Ministerio de Interior o de Defensa sobre la infausta situación los días posteriores con la demora en el rescate de las personas atrapadas durante días o de los propios cadáveres. Pero tampoco el grado de conocimiento que tenían los miembros del Gobierno en el Cecopi, Pilar Bernabé o Miguel Polo (CHJ) del aumento de los caudales de los ríos bajo su competencia o de la no comunicación de la apertura de presas. Ni muchísimo menos todo aquello que el Ministerio de transición Ecológica pudo hacer previamente para evitarlo mediante las infraestructuras hídricas previstas y enterradas en cajones de despachos durante años.  

El sistema anestesiado ante omisiones inauditas impermeabilizó a la magistrada también con su escándalo personal. La telenovela continuó con las grabaciones de audio que mostraban a su pareja haciendo entrevistas a las víctimas.

El punto de inflexión de la instrucción llegó con el varapalo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). La magistrada instructora solicitó el pasado mes de marzo al TSJCV la imputación de Carlos Mazón por su "actividad negligente". Una petición que se interpretó como precipitada al sorprender que la petición llegara sin que hubiera finalizado la instrucción, como viene siendo habitual. El alto tribunal valenciano rechazó tajantemente la petición de Tobarra estimando que la imputación se basaba en "conjeturas y sospechas". En consecuencia, el presidente intentó personarse en la causa in éxito.

En ese mismo escrito, advertía con contundencia que tampoco se estaba acreditando un "nexo causal" entre la gestión de la Conselleria de Emergencias y las muertes. Un pronunciamiento que echaba por tierra el trabajo realizado y que alejaba la reparación a las víctimas por la vía penal.  

Cuestiones pendientes

La instructora ha acordado dos prórrogas, la última de ellas está hasta el próximo 30 de abril de 2027. 

Entre cuestiones pendientes está el recibir contestación de la comisión rogatoria a EEUU a Telegram y WhatsApp para intentar recuperar los mensajes a través de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat.

Otro frente abierto es en el Supremo. El PSPV interpuso una querella contra Mazón por falso testimonio en la comisión de la dana en el Congreso. La Fiscalía pidió a la sala segunda del TS que solicitara al TSJCV el auto en el que rechazó su competencia para investigar a Mazón y el alto tribunal lo requirió la pasada semana para decidir si le investiga o no.

Las quejas de la jueza. Continúa pendiente, asimismo, la cuestión relativa a la presunta injerencia del marido de la jueza. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó las quejas interpuestas por la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. Una decisión que ha sido recurrida esta misma semana, según ha podido confirmar este periódico.