El Gobierno 'imita' al PP con el accidente de Metrovalencia y culpa del choque de Toledo al 'error humano'

El accidente de tren de Toledo que ayer se produjo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla comparte una gran similitud con el accidente de Metrovalencia que, el 3 de julio de 2006, se cobró la vida de 43 personas: el relato oficialista sobre lo ocurrido. Mientras el PP de Paco Camps calificó por aquel entonces ese accidente como una situación "imprevisible e inevitable", atribuyéndolo únicamente a una supuesta indisposición o error del maquinista, desde ayer el Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a "avivar" la idea que ya dibujaban tanto el presidente como el ministro de Transportes, Óscar Puente, de que la culpa de la colisión que, por el momento, ya se ha cobrado la vida de 68 personas es fruto de un fallo del maquinista o del centro de control de Adif. Prueba de ello son los audios filtrados ayer a última hora de las conversaciones entre los maquinistas de los trenes y el centro de control, con el objetivo de descargar responsabilidades.

Ya ayer, en rueda de prensa, Puente aseguró que todo apuntaba a que lo ocurrido pudo haber sido un error humano "inexplicable" tras una caída del sistema de seguridad LZB. "Inverosímil» e «inexplicables" son dos calificativos utilizados por el ministro que recuerdan a las explicaciones que en 2006 ofreció la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en las conclusiones de la primera comisión de investigación de Les Corts sobre esta tragedia. Estas fueron muy criticadas por el Partido Socialista Valenciano, hasta el punto de que, en 2015, cuando el PSPV llegó a la Generalitat junto a Compromís en el primer govern del Botànic, se decidió crear una nueva comisión de investigación sobre el accidente de Metrovalencia para depurar responsabilidades, debido a que las conclusiones de la primera comisión de investigación de Les Corts, cuando gobernaba el PP, les resultaron insuficientes.

Las conclusiones de esta segunda comisión fueron radicalmente opuestas a la versión oficial de 2006 y señalaron que el tramo carecía de las medidas de seguridad necesarias, que el accidente era evitable y que había 13 responsables políticos y de gestión. Sin embargo, el señalamiento por parte de los partidos del Botànic en Les Corts de algunas personas, como la exgerente Marisa Gracia o el exdirector de Recursos Humanos Dionisio García, provocó que el TSJCV obligara al Parlamento valenciano a pagar más de 100.000 euros en indemnizaciones por daños y perjuicios, al estimar que el dictamen de la comisión parlamentaria vulneró el derecho al honor y la presunción de inocencia de algunos de los responsables señalados.

Ahora, 20 años después, el Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez buscan eludir la responsabilidad de lo ocurrido ayer en Toledo utilizando las mismas técnicas que tanto criticaron al Gobierno de la Generalitat de aquel entonces.