La jueza de la dana entra en terreno fangoso: Valora que no había que confinar pero sí vigilar más los barrancos

La jueza que instruye la macrocausa de la dana ha emitido una resolución en la que sienta las bases para exonerar a los alcaldes y, en el proceso, vuelve a extralimitarse de sus funciones al realizar juicios de valor sobre qué medidas técnicas de emergencia se debían tomar durante la riada.

El conflicto viene dado tras el escrito presentado por una acusación particular que exigía investigar al Ayuntamiento de Aldaia, por la supuesta recomendación de retirar los vehículos. Como recoge la resolución consultada por este periódico, la acusación particular fundamentaba parte de su ofensiva en que "se recomendó a la población que se retiraran los vehículos". 

La magistrada rechaza de plano este argumento porque "en la localidad de Aldaia fallecieron seis personas, cuatro de ellas en sus propios domicilios, y otras dos personas en los garajes. Ninguna falleció como consecuencia de una orden de retirada de los vehículos de las calles".

¿Y qué pasa con la responsabilidad de los ayuntamientos en el resto de localidades? El auto diluye cualquier atribución de culpa al recordar el marco temporal y los niveles de alerta: "Sobre las 19:00 h se declaró la situación 2 para toda la provincia de Valencia, lo que supone una insuficiencia de medios locales, por sí solos, para hacer frente a la emergencia". Bajo este prisma, la instructora remarca que la falta de aprobación de planes locales como el PAM IN "no puede constituir base en la imputación de los fallecimientos". 

Más allá de los filtros procesales, la resolución destaca por los controvertidos juicios de valor de la jueza instructora. Nuria Ruiz se adentra en un terreno fangoso al dictaminar que en la riada no se debía confinar a la población: "El confinamiento no es la medida que se ha de aplicar en zonas de riesgo, sino la medida opuesta". 

Asimismo, la magistrada emite un criterio propio sobre cómo debió gestionarse el riesgo al afirmar que "se precisaban alertas y comunicaciones precisas, destinadas a los diversos municipios, y un control efectivo de las fuentes de riesgo, dado que el riesgo de la inundación, por su evolución y gravedad, requería que se extendiera la vigilancia de los barrancos, de manera extensa y permanente". 

Así, el propio auto deja al descubierto una contradicción. La magistrada subraya con rotundidad la necesidad de "un control efectivo de las fuentes de riesgo" y en que la "vigilancia" de los barrancos se realizara "de manera extensa y permanente". Pero la instructora se ha negado a abrir una investigación contra el máximo responsable de vigilar esas cuencas: Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), quien mandó a su Policía del Agua a casa al medio día.