El Gobierno recurrirá al Constitucional la "prioridad nacional" y otros 20 artículos de la Generalitat

El Gobierno de Pedro Sánchez llevará ante el Tribunal Constitucional 20 artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobada por PP y Vox en Les Corts a finales de julio. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la norma al considerar que contradicen "condiciones básicas como la igualdad entre personas".

Entre los puntos que el Ejecutivo pretende impugnar se encuentra el principio de "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda y a las prestaciones sociales, una de las medidas incorporadas a la ley por los socios del Consell. También cuestiona los artículos relativos a la prohibición del burka y el niqab en determinados espacios públicos, la protección de los no nacidos y la reagrupación familiar de menores tutelados.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha explicado que el Gobierno considera que la prioridad nacional "contradice condiciones básicas como la igualdad entre personas y el estatuto de personas extranjeras". Además, ha señalado que la norma elimina referencias expresas a la no discriminación de las personas LGTBI y a la diversidad sexual, familiar y de género en el ámbito educativo.

Seis bloques bajo la lupa del Gobierno

Los 20 artículos impugnados se agrupan en seis bloques. El primero afecta a los criterios de arraigo y prioridad nacional para acceder a vivienda y prestaciones sociales. El Ejecutivo considera que estas condiciones pueden vulnerar el artículo 14 de la Constitución, que recoge el principio de igualdad, y el mandato de igualdad efectiva del artículo 9.2.

Por otra parte, el segundo bloque se refiere a la igualdad de las personas LGTBI en los centros educativos. El Gobierno cuestiona que la ley sustituya determinadas obligaciones de promoción de la igualdad y la no discriminación por previsiones de carácter potestativo. Asimismo, también se impugnan los artículos relativos a los derechos de la infancia y la adolescencia, en concreto los que extienden la protección del derecho a la vida a los no nacidos. El Ejecutivo entiende que esta regulación puede invadir competencias estatales y obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Otro de los apartados cuestionados afecta a la reagrupación familiar de menores tutelados. El Gobierno considera que la norma valenciana establece prioridades al margen de los procedimientos y garantías recogidos en la legislación estatal de extranjería. El recurso incluye, además, la obligación de mantener el rostro descubierto en espacios como el transporte público, la función pública, los centros sanitarios y educativos o los espectáculos públicos. El Ejecutivo sostiene que esta regulación invade competencias estatales y puede tener un efecto discriminatorio.

Por último, el Gobierno cuestiona artículos relacionados con los proyectos estratégicos de energías renovables y con el régimen de acceso y provisión de puestos de la función pública valenciana.

Artículos "abiertamente anticonstitucionales"

Roger Llanes, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha defendido la decisión de recurrir la norma y ha asegurado que era "evidente" que debía llevarse ante el Constitucional. "El Estado tiene que velar por el mantenimiento de la igualdad efectiva", ha señalado durante una visita a Torrent. Llanes ha calificado algunos de los preceptos de "abiertamente anticonstitucionales" y ha distinguido entre artículos que considera más evidentes y otros "más disfrazados". Sobre la prioridad nacional, ha sido tajante: "Tal como se plasmó en esa ley, incumplía de plano la Constitución".

En cualquier caso, la Generalitat ha anunciado que defenderá la norma ante el Tribunal Constitucional con todos los argumentos jurídicos. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha acusado al presidente del Gobierno de atacar a los valencianos y ha afirmado: "Lo que no gana con votos lo intenta ganar con recursos". Barrachina ha recordado que se trata de la segunda ley de acompañamiento de la Generalitat que el Ejecutivo central lleva al Constitucional en apenas nueve meses. El recurso deberá ser examinado ahora por el alto tribunal, que tendrá que pronunciarse sobre los artículos impugnados.