Condenado el documental de Ximo Puig en la pandemia que el Botànic regó con dinero público

La Audiencia Provincial de Valencia condena a los productores de ‘La calle es mi casa’, documental sobre la pandemia emitido en 2023 en À Punt, por vulnerar los derechos de propiedad intelectual

Ximo Puig en el documental condenado

Publicado por

Creado:

Actualizado:

Nuevo revés judicial que salpica al Botànic y a la televisión pública valenciana, À Punt, bajo la anterior gestión de PSOE y Compromís. La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia firme contra los productores ejecutivos del documental 'La calle es mi casa' protagonizada desde el principio el expresident de la Generalitat, Ximo Puig, y que fue financiado con subvenciones públicas.

El fallo del tribunal al que ha tenido acceso ESdiario reconoce al corpoductor, codirector y guionista original de la obra, Alberto González, reconociéndole "los derechos de explotación económica" del documental. Condena a Jorge Acosta (Pasarela e Inaudita) y José Serrador (Sound Diseño) por "infringir los derechos de propiedad intelectual" y por "actuar" sobre la misma y "realizar actos de explotación con omisión de la identidad" del autor legítimo. 

Según recoge la demanda tramitada por el despacho Solium Legal, el conflicto se remonta al año 2021. González -profesional que acumula una treintena de premios y reconocimientos- fue citado en la sede de Pasarela -productora vinculada a licitaciones de doblaje de À Punt- para firmar los contratos del documental, pero se negó al detectar "irregularidades" en el clausulado. En consecuencia, los productores decidieron dejar fuera al autor original sin tan siquiera abonarle su trabajo de dirección, guion y fotografía ni tampoco por el uso de su equipo técnico. 

En 2023, con el material elaborado por González, los condenados editaron una nueva versión que se emitió en La Mostra y en À Punt "de forma unilateral" sin el consentimiento del autor original y pese a la existencia de diligencias previas abiertas en el juzgado. 

El procedimiento, respaldado por más de cuarenta pruebas documentales ha desembocado en una condena firme. Algunas de las pruebas contundentes presentadas son la publicación en redes sociales por parte de las partes demandadas del anuncio de la continuidad del proyecto audiovisual, las conversaciones telefónicas en las que habrían intentado sobornarle para que se desvincule de la obra, entre otras pruebas documentales que demuestran su autoría. 

El tribunal condena a los citados productores a "cesar en la actividad ilícita de edición, reproducción y distribución" de la cinta, imponiéndoles la "correspondiente prohibición de reanudar tales actividades desde la firmeza de la presente resolución", aunque el documental todavía se puede seguir viendo en la plataforma de À Punt. Asimismo, el fallo les obliga al abono de una indemnizagión económica a González en concepto de "daños y perjuicios derivados de la infracción de sus derechos de propiedad intelectual"  y les condena "a la publicación en un periódico de ámbito provincial y a costa del infractor del encabezamiento y parte dispositiva de la presente resolución".

Sin embargo, dado que los productores aún no han cumplido con la obligación de publicar el fallo, la defensa del director prepara ya una demanda ejecutiva para forzar su cumplimiento.

Las ayudas públicas del IVC bajo lupa

El demandante advierte de presuntas "irregularidades" en la justificación de la subvención pública que obtuvo el documental robado a través del Instituto Valenciano de Cultura (IVC). Expone que para la obtención de dicha ayuda proveniente de fondos públicos, las productoras habrían justificado los gastos de equipo y material atribuibles a González mediante facturas con "datos inveraces", lo que podría incurrir en un posible delito de "falsedad documental". 

Cargando contenidos...

El entorno del autor está recopilando toda la documentación judicial para remitirla al IVC, a À Punt y a la Agencia Tributaria con el fin de que se investigue el destino del dinero público.