El uso de la fuerza sobre el derecho internacional

Estábamos aún tratando de tragarnos la última uva de las doce campanadas del cambio de año cuando Estados Unidos ha sacudido al mundo con una intervención militar en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y de la esposa de éste. No ha sido un episodio más de la geopolítica internacional, sino una vulneración grave del derecho internacional y una señal inquietante de hacia dónde puede dirigirse la política internacional. Estaría en peligro todo el orden mundial si se normalizara este tipo de hechos y el uso de la fuerza, como sustitutivos de las normas jurídicas internacionales, ratificadas por 193 estados en la Carta de la ONU.

Conviene decirlo con claridad, especialmente para los que han celebrado la actuación: no existe cobertura jurídica en el derecho internacional para una operación militar unilateral de EE. UU. en Venezuela, ni para el traslado forzoso del jefe de Estado de dicho país a territorio estadounidense. Así lo sostienen expertos independientes, centros de análisis jurídico y voces autorizadas del ámbito internacional, al margen de simpatías o antipatías políticas. No es cuestión de aplaudir esta actuación, por ser más que preocupante y sin cobertura jurídica que la pueda sustentar.

Desde el momento en que la Carta de las Naciones Unidas entró en vigor, en 1945, al término de las guerras mundiales y como un pacto global en evitación de éstas a futuro, el sistema internacional se articula en torno a una idea esencial: los Estados no pueden recurrir a la fuerza para imponer su voluntad a otros. El artículo 2.4 de la Carta prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No se trata de una norma discutible o que admita diferentes interpretaciones. Los bombardeos selectivos en Caracas, la incursión de fuerzas militares y la captura de autoridades venezolanas encajan en dicha prohibición. Se trata de una acción militar ejecutada sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sin consentimiento del Estado afectado. Constituye, sin duda, una intromisión ilegítima en asuntos internos de otro Estado, lo que debilita todo el sistema político internacional.

Estados Unidos ha intentado justificar su actuación invocando la legítima defensa frente al narcotráfico y al supuesto narcoterrorismo procedente de Venezuela, pero en derecho internacional solo un ataque armado real, actual o inminente permite activar el derecho de legítima defensa. No ha existido un previo ataque de Venezuela que justificara la operación estadounidense. El narcotráfico, por devastador que sea, no equivale jurídicamente a un ataque armado estatal. Aceptar lo contrario supondría abrir la puerta a que cualquier país pudiera invocar supuestas amenazas de cualquier índole, para justificar una intervención militar donde le conviniera. El resultado sería un mundo más inseguro, más arbitrario y violento, que es justamente lo que trata de evitar la Carta de la ONU.

Otro de los argumentos utilizados ha sido la necesidad de restaurar la democracia en Venezuela. Pero el derecho internacional no reconoce un derecho de incursión armada para cambiar gobiernos, ni siquiera cuando se cuestiona su legitimidad democrática, como es el caso. Con este gravísimo hecho se puede crear un precedente peligroso: si una potencia puede decidir qué gobiernos son aceptables y cuáles no, el principio de soberanía nacional quedaría eliminado de un plumazo.

La captura y traslado forzoso de un presidente en ejercicio vulnera otro principio esencial del derecho internacional: la inmunidad personal de los jefes de Estado, independientemente de las sombras que se ciernen sobre la legitimidad democrática en el nombramiento de Maduro, tras las últimas elecciones generales en Venezuela. Esta inmunidad es una garantía institucional, destinada a preservar la igualdad soberana entre Estados y la no injerencia en los asuntos internos de un país por parte de terceros. Romper esa línea roja implica asumir que ningún dirigente está a salvo si resulta incómodo para otra potencia militar. Hoy es Maduro, pero mañana podría ser cualquier otro dirigente. Esta intervención se asemeja más a un secuestro que a una operación legítima.

Defender que el derecho internacional ha de ser respetado y que no puede convertirse en papel mojado cuando estorba a los poderosos

Quizá lo más preocupante de esta acción militar no sea solo su ilegalidad, sino el precedente que establece. Si se normaliza que un Estado poderoso pueda intervenir unilateralmente, capturar dirigentes extranjeros y administrar transiciones políticas o “justicia” a su conveniencia, el sistema internacional actual, que tanto sufrimiento y vidas humanas costó el siglo pasado, podría quebrar. Rusia, China u otras potencias no tardarán en invocar argumentos similares para justificar sus propias intervenciones. Y existe el riesgo de que un día pudiera ser nuestro propio país quien resultara intervenido por un tercer Estado, que pudiera ambicionar utilizar nuestros recursos o situación geográfica en su propio beneficio. También se habla del peligro que corren las empresas extranjeras, incluidas las españolas, que tienen sede en Venezuela.

Criticar esta intervención no significa defender al régimen venezolano, ni ignorar las graves vulneraciones de derechos humanos que se le atribuyen. Significa algo mucho más elemental: defender que el derecho internacional ha de ser respetado y que no puede convertirse en papel mojado cuando estorba a los poderosos. Si aceptamos que las normas solo se aplican cuando conviene, el orden internacional deja de ser un sistema jurídico garantista y se convierte en una selva. Y en la selva siempre ganan los más fuertes.

La Unión Europea, que nunca ha reconocido la legitimidad democrática de Maduro, ha criticado la intervención militar estadounidense, recordando que el respeto al derecho internacional y a la Carta de la ONU no admite excepciones. Estados Unidos no solo ha actuado al margen del derecho internacional, sino que, además, dispone del derecho de veto para impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU condene esta actuación. Una anomalía jurídica que erosiona la credibilidad del sistema internacional, especialmente en este caso. Ante esta situación, ¿qué podría salir mal? Y, por cierto, feliz año.