El fin de la era de la inocencia española

La economía española comparece de forma permanente ante la Historia no como sujeto pasivo de las convulsiones globales, sino como actor intermedio atrapado entre fuerzas tectónicas de alcance sistémico: la reconfiguración del orden económico internacional, la reconversión del prisma de la política de seguridad sobre la política comercial y energética, y la erosión silenciosa, pero persistente, de las soberanías económicas clásicas. En este contexto, España no puede permitirse ni la ingenuidad cosmopolita ni el repliegue provinciano. Necesita, con urgencia, una doctrina estratégica integral que conjugue realismo económico, constitucionalismo defensivo y racionalidad financiera.

Nos encontramos en una fase avanzada del tránsito desde un mundo regido por reglas multilaterales imperfectas hacia otro dominado por bloques de poder económico-tecnológico, donde la economía ha dejado de ser un espacio de cooperación para convertirse en un instrumento explícito de coerción. Aranceles, controles de exportación, sanciones financieras, guerras energéticas y competencia por materias primas críticas constituyen hoy el nuevo vocabulario del poder. En este escenario, la neutralidad económica es una ficción, y la dependencia estratégica, una vulnerabilidad existencial.

En términos macroeconómicos nuestro país presenta una imagen de estabilidad relativa: crecimiento moderado, sistema financiero saneado y capacidad de atracción de capital. Sin embargo, bajo esta superficie se ocultan fragilidades estructurales que la coyuntura geopolítica amplifica. La elevada dependencia energética exterior, la especialización excesiva en sectores de bajo valor añadido, la vulnerabilidad del turismo a choques de seguridad y la exposición de la deuda pública a un entorno de tipos reales inciertos configuran un cuadro que exige algo más que políticas coyunturales.

Desde una perspectiva de economía política avanzada, el error consistiría en seguir interpretando estos desequilibrios como meros problemas técnicos. Son, en realidad, cuestiones de poder. La energía no es solo un input productivo; es un vector de soberanía. La industria no es solo empleo; es autonomía estratégica. Las finanzas no son solo mercados; son arquitectura institucional del Estado.

La recuperación de la intervenció en la economía

Por otro lado, desde el derecho constitucional comparado se revela una tendencia inequívoca: los Estados están recuperando, por vías normativas y regulatorias, instrumentos de intervención estratégica en la economía. Control de inversiones extranjeras, protección de sectores críticos, políticas industriales activas y reconfiguración de cadenas de suministro ya no se consideran herejías liberales, sino expresiones legítimas del interés general en contextos de amenaza sistémica.

Y en España, sin embargo, parece oscilar entre una aceptación acrítica de decisiones supranacionales y una retórica soberanista carente de traducción jurídica efectiva. La Constitución económica no puede seguir interpretándose como un texto neutro frente a la globalización; debe leerse, como enseñan las mejores tradiciones del constitucionalismo europeo, como un marco habilitante para la defensa del interés nacional en mercados abiertos pero hostiles.

Esto implica identificar con precisión los sectores estratégicos españoles: energía (incluida la nuclear y las renovables gestionables), infraestructuras críticas, agroindustria, defensa, tecnología digital, agua y sistema financiero. En todos ellos, el planteamiento institucional debe ser claro y aséptico idiológicamente: hay que hacer una apertura al capital, pero sin renunciar al control estratégico vía regulación o vía participación del Estado o su administración paralela o la colateral.

Desde la óptica del derecho mercantil y financiero, el momento actual exige una reconsideración profunda del binomio riesgo-rentabilidad. La era de la liquidez abundante y el dinero barato ha concluido. Nos adentramos en un ciclo largo de incertidumbre estructural, donde los shocks exógenos (bélicos, regulatorios, tecnológicos) serán el pan de cada día.

Diversificación geopolítica y sectorial consciente

Para los particulares con ahorros canalizados a través de fondos de inversión, mi reflexión es que la diversificación clásica ya no es suficiente si no va acompañada de una diversificación geopolítica y sectorial consciente. Quiero decir con esto que no es suficiente hablar en términos de delegación de inversiones para reducir el riesgo, sino que resulta urgente que la ciudadanía comience a ser consciente del mundo de las inversiones y de la naturaleza de los actores que hay en él. Con esto quiero decir que la renta fija soberana que se nos vende no está exenta de riesgo político, así como la renta variable global ya que está expuesta a decisiones regulatorias abruptas y a cientos de parámetros ocultos que en su relación constante generan variaciones del riesgo de las posiciones compradas en los fondos de inversión, por no hablar de los activos aparentemente refugio que pueden perder liquidez en momentos de estrés sistémico o que en momentos sin estrés sistémico tienen un comportamiento errático en apariencia e inesperado si no se conoce este mundo.

Aquí emerge una responsabilidad compartida entre reguladores, gestoras y ahorradores. El derecho financiero debe reforzar la transparencia sobre riesgos geopolíticos, y los inversores deben abandonar la ilusión de la neutralidad técnica de los mercados. Invertir hoy es, se quiera o no, de forma cruda y dura, tomar una posición en el tablero del poder global.

La defensa de los intereses españoles no puede descansar exclusivamente en el Estado ni abandonarse al arbitrio del mercado. Requiere una arquitectura de corresponsabilidad. El Estado debe anticipar, planificar y proteger, las empresas deben internalizar el riesgo político en sus decisiones estratégicas, y los ciudadanos (especialmente los ahorradores) deben comprender que la preservación del patrimonio exige cultura económica y prudencia institucional.

España dispone de escenario-país formidable con variables realmente envidiables en su conjunto: posición geográfica clave, infraestructuras de primer nivel, capital humano y pertenencia a un espacio jurídico europeo avanzado, naturaleza rica en pluralidad, etc. Pero estos activos solo se convertirán en poder si se articulan mediante una visión estratégica coherente, jurídicamente sólida y financieramente sensata.

Complacencia interna: la mayor amenaza

En tiempos de transición sistémica, la mayor amenaza no es el conflicto externo, sino la complacencia interna. España, al igual que el resto de países, no está condenada a la irrelevancia, pero tampoco predestinada al éxito. Su destino depende de su capacidad para leer correctamente el mundo que emerge: un mundo menos amable, más competitivo y jurídicamente más instrumental. Y cuando hablamos de España como ente vivo etéreo hay que recordar que no es cierto que hablar de España es hablar de cada uno de nosotros a nivel particular, o de las empresas españolas que intervienen en España como son gestoras de fondos, fondos, bancos, family offices, etc.

Y quisiera lanzaros hoy una última, pero breve reflexión: la economía, la geopolítica, el derecho, la naturaleza y la tecnología ya no pueden analizarse en compartimentos estancos o con relaciones dinámicas limitadas. Son hoy, más que nunca, lenguajes distintos de una misma lucha por la seguridad, la prosperidad y la continuidad histórica. A mi juicio ser consecuente con esto es una forma de ser patriota y que nos permitirá a los españoles llegar más preparados a los eventos del futuro.