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El Consell creará un comité de supervisión para las adjudicaciones de VPP tras el escándalo de Alicante
Miguel Barrachina confirma que todos los expedientes serán supervisados confirma que el caso está en Fiscalía y defiende que el único incumplimiento detectado afecta a un funcionario que no se inhibió.
Vista del Residencial Les Naus.
La polémica por las 140 viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus en Alicante sigue escalando políticamente. El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha anunciado que el Consell revisará uno por uno todos los expedientes de adjudicación después de que salieran a la luz vinculaciones entre algunos beneficiarios y cargos o personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana. Además, Barrachina ha informado que, a partir de ahora, ningún funcionario podrá validar en solitario las adjudicaciones de VPP. Se constituirá un comité de supervisión para reforzar el control interno, evitar posibles conflictos de interés y blindar el procedimiento.
Entre los nombres que han trascendido figuran la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, un arquitecto municipal y la madre de los hijos del exjefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, quien igualmente dejó su cargo.
Barrachina ha asegurado que la supervisión alcanzará a los 140 expedientes de las VPP de Les Naus, aunque ha evitado concretar si se producirán devoluciones de viviendas ya adjudicadas. Según ha explicado, el Gobierno autonómico actuará “hasta donde permita la legislación vigente”.
El portavoz ha enmarcado el origen del proceso en 2018, cuando —según ha recordado— la promoción fue impulsada por una cooperativa privada bajo un marco normativo aprobado durante el anterior gobierno autonómico del Botànic, cuando gobernaba la izquierda. En ese sentido, ha señalado que el único caso irregular detectado hasta el momento corresponde a un alto funcionario que no se inhibió en la tramitación de un expediente que afectaba a su entorno familiar.
Ese funcionario ha sido suspendido cautelarmente de empleo y sueldo y el expediente ha sido remitido a la Fiscalía, una actuación que el actual Ejecutivo considera diferencial respecto a etapas anteriores.
Dimisiones y tensión política en Alicante
Preguntado por la dimisión de la entonces responsable municipal de Urbanismo, el portavoz ha evitado vincular su salida a una irregularidad administrativa concreta. Ha señalado que, según los datos disponibles, el acceso a la vivienda se produjo antes de que asumiera responsabilidades en el Ayuntamiento y que, hasta el momento, no consta incumplimiento legal alguno.
La oposición, por su parte, ha pedido responsabilidades políticas y ha puesto el foco en el alcalde de Alicante, reclamando incluso su dimisión. Desde el Consell, sin embargo, descartan ese escenario y sostienen que la actuación ha sido “inmediata” una vez detectado el posible conflicto.
Vivienda pública en la Comunitat Valenciana
Durante su comparecencia, Barrachina también ha contextualizado la controversia en el debate más amplio sobre la política de vivienda. Ha defendido que el actual Ejecutivo autonómico ha impulsado 4.400 viviendas públicas en distintas fases de ejecución, frente —según ha afirmado— a la ausencia de nuevas promociones durante la etapa anterior.
La revisión de las VPP de Alicante se produce en un momento de especial sensibilidad social por el acceso a la vivienda, con precios al alza tanto en compra como en alquiler y una oferta limitada en muchas ciudades de la Comunitat Valenciana.
Mientras se completa la auditoría interna de los 140 expedientes de Les Naus, el foco político y mediático seguirá puesto en Alicante y en la evolución de un caso que mezcla gestión administrativa, posibles conflictos de interés y responsabilidades políticas.