El vicealcalde de Alicante desmiente al PSPV y asegura que la comisión de las VPP maneja la misma documentación que el juzgado

El vicealcalde y presidente de la comisión municipal de VPP, Manuel Villar, ha negado en la sesión plenaria de este jueves las acusaciones del PSPV y ha sostenido que la documentación disponible es la misma que está en el juzgado. Villar ha reiterado que hay dos sesiones fijadas en las que comparecerá "quien estime oportuno". 

Además, ha defendido que el equipo de gobierno actuó tras el "escándalo" de Les Naus y ha recordado que el PP votó a favor de la creación de este órgano, acusando a los socialistas de "hipocresía".

El PSPV del Ayuntamiento de Alicante ha insistido previamente en que falta documentación relativa a viviendas de protección pública (VPP) en el seno de esa comisión municipal constituida tras el "escándalo" de los pisos del residencial Les Naus, cuyas adjudicaciones investiga una jueza. La polémica ha centrado parte del pleno ordinario de abril, en el que el equipo de gobierno local, ha vuelto a rechazar las críticas.

La portavoz socialista, Ana Barceló, ha defendido el "derecho" de la oposición a disponer de la información solicitada y ha reclamado la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, al considerar que no puede "ofrecer transparencia" y después "eludir explicaciones refugiándose en un informe que ha elaborado 'ad hoc' el secretario general del pleno".

Dicho informe del secretario advierte de que "realizar una investigación de un suceso por un órgano que no tiene potestades para ello ni regulación específica podría vulnerar algunos derechos". 

El dictamen también establece que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso" y que estos empleados "no tendrán obligación legal de comparecer y por tanto lo harán de forma voluntaria", con la advertencia de que "no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales".

Asimismo, el informe señala que "no procede la solicitud de comparecencia" de concejales o miembros de la junta de gobierno local "fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes". En este contexto, Barceló ha calificado de "extremadamente grave" el desarrollo de la comisión y se ha preguntado si el PP tiene interés en que "no" se conozcan aspectos del caso.

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha reprochado a los socialistas "manipulación y lenguaje torticero" y ha subrayado que "no hablamos de repartir, se llama adjudicar vivienda, se llama gestionar listas de espera". Posteriormente, ha incidido en que "es el promotor quien gestiona y quien adjudica las viviendas" y ha criticado el Plan Estatal de Vivienda al considerar que el Gobierno central "ha plagiado el decreto" autonómico sin introducir "ninguna medida de control".

En paralelo, la investigación judicial sigue su curso con 15 personas citadas como investigadas, entre ellas Rocío Gómez y la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, que están llamadas a declarar el 20 de mayo. Además, figuran funcionarios del ayuntamiento y de la Conselleria de Vivienda, diez beneficiarios de las adjudicaciones y el administrador único de la mercantil gestora de la cooperativa promotora, mientras que otras siete personas declararán como testigos el 8 de mayo.