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FETAP-CGT pide ser acusación popular en el caso VPP para "evitar que quede reducido a responsabilidades difusas"

El sindicato justifica su solicitud en el descrédito institucional provocado por este caso "que afecta a la plantilla pública del ayuntamiento".

Vista del Residencial Les Naus, en Alicante.Joaquín Reina - Europa Press

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J. L. A.
Valencia

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La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT ha solicitado su personación como acusación popular en las diligencias seguidas ante el Tribunal de Instancia de Alicante que instruye el caso de las VPP Les Naus. En él se investigan las adjudicaciones de viviendas este residencial construido sobre suelo que era municipal.

El sindicato ha pedido su personación por "la gravedad de unos hechos que afectan de lleno a la confianza ciudadana en la gestión pública, especialmente cuando lo investigado se refiere a viviendas de protección pública y a posibles irregularidades en su adjudicación".

La personación del sindicato queda supeditada en última instancia a la decisión de la jueza que instruye la causa y, en caso afirmativo se sumaría a las acusaciones populares que ejercen PSPV y Ciudadanos. Recientemente la magistrada denegó que la Generalitat Valenciana se constituyera en acusación particular. FETAP-CGT justifica su voluntad de ser parte en esta causa porque "la defensa de los servicios públicos exige también defender la limpieza de las instituciones que los gestionan".

La Federación cuenta con afiliación en el Ayuntamiento de Alicante y por ello considera que "el descrédito institucional provocado por hechos de esta naturaleza también afecta a la plantilla pública". También pretende "reclamar que se incorporen las diligencias necesarias y para evitar que un asunto de evidente relevancia pública quede reducido a responsabilidades difusas".

CGT señala que "la vivienda protegida debe servir para aplicar derechos sociales, no para generar presuntas redes clientelares fuera de todo orden y control público", sostiene el sindicato. Para FETAP-CGT, "cuando hay dudas sobre el acceso a vivienda protegida, sobre posibles tratos de favor o sobre el uso de una posición institucional, la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad".

La Federación cuenta con afiliación en el Ayuntamiento de Alicante y representa a trabajadoras y trabajadores públicos y por ello considera que "el descrédito institucional provocado por hechos de esta naturaleza también afecta a la plantilla pública".

Además, recalca, "responde a los propios fines estatutarios de la organización, que incluyen la vigilancia de la legalidad en la Administración Pública, la defensa de la transparencia institucional y la posibilidad de intervenir en procedimientos penales cuando los hechos investigados puedan estar relacionados con corrupción, gestión pública negligente o afectación a derechos laborales, sindicales o colectivos".

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FETAP-CGT se compromete a la máxima colaboración institucional con el juzgado en la investigación "en un caso que afecta a vivienda protegida, a la credibilidad del Ayuntamiento de Alicante y a la confianza de lo público".