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Compromís pretende prohibir la venta de vivienda a los no residentes en Alicante aunque el dato que aporta solo demuestra que pagan más
El diputado Alberto Ibáñez reclama al Gobierno medidas regulatorias y fiscales, pero no concreta cómo aplicar una prohibición general de compra para los no domiciliados en la provincia.
Panorámica de Alicante, en una imagen de archivo.
Compromís reclama la prohibición de la compra de vivienda a población no residente en Alicante como medida para garantizar el acceso de los residentes a la vivienda. La propuesta, encabezada por el diputado de la formación nacionalista en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez, está vinculada el fuerte incremento de los precios registrado en la provincia.
Sin embargo, los datos aportados no permiten establecer que las compras de no residentes sean la causa de la subida, ya que se limitan a señalar el pago de un mayor precio al adquirir un inmueble por estos compradores, sin cuantificar su impacto sobre el conjunto del mercado.
En concreto, el diputado Ibáñez ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Ministerio de Vivienda después de que, según señala, "en junio de 2026 el precio de la vivienda de segunda mano creció un 16,8 por ciento más que el año anterior en Alicante y que el no residente pagó aproximadamente un 76 por ciento más que un comprador residente español".
El portavoz de Vivienda de Compromís en la Cámara baja ha sostenido que "la subida bestial de precios se debe, entre otros factores, por la compra de población no residente". Alberto Ibáñez reclama al Gobierno "medidas urgentes, tanto regulatorias como fiscales, para frenar la presión que sufren las comarcas del sur" de la Comunitat Valenciana.
El diputado nacionalista también afirma que la Comunitat Valenciana "concentró un 40 por ciento de todas las compraventas realizadas por no residentes en España en 2025, una tendencia que ha empeorado en lo que llevamos de año y algo que no podemos tolerar si queremos garantizar el acceso a la vivienda".
La propuesta plantea al Gobierno central una serie de restricciones que afectarían al mercado privado de vivienda. Sin embargo, el hecho de que los no residentes paguen más por las viviendas no evidencia que sean los causantes del incremento de precios. Podría deberse, por ejemplo, a que compran viviendas más caras o en zonas de mayor precio.
Compromís sostiene que limitar estas operaciones contribuiría a reducir la presión sobre el mercado y a garantizar el derecho a la vivienda de los residentes. La coalición nacionalista no detalla cómo se concretaría una prohibición general de compra para los no residentes ni cómo se compatibilizaría con la normativa vigente.