Robo del Tesoro de Villena: El Ayuntamiento justifica el tijeretazo del 70% al presupuesto de seguridad del Museo
El consistorio atribuye la bajada de la partida a que la compra inicial de cámaras y alarmas ya se completó en ejercicios anteriores y no requería nuevas inversiones este año
Imagen del Tesoro de Villena.
Continúa en marcha la investigación policial del asalto histórico al Museo de Villena (MUVI) en el que los ladrones robaron el histórico Tesoro de Villena, un conjunto excepcional de 66 piezas de la Edad del Bronce valorado en unos 5 millones de euros, el más valioso de Europa. El caso mantiene abiertos también varios frentes políticos y judiciales. Por un lado, el retraso del Ministerio de Cultura a la hora de trasmitir la alerta emitida por la Europol sobre el repunte de robos en recintos culturales. Por otro, la llamatova rebaja en la partida de seguridad del propio Museo para este ejercicio que ha acabado con una denuncia judicial contra el alcalde.
En los presupuestos de años anteriores, como en el ejercicio 2025, la partida específica destinada a la seguridad y vigilancia del museo disponía de 10.000 euros. Sin embargo, para este año 2026, la consignación presupuestaria asignada bajó hasta los 3.000 euros. Una drástica reducción del 70% en el montante reservado a la protección del recinto que ha desatado duras críticas de la oposición.
A preguntas de este periódico, fuentes del Ayuntamiento de Villena justifican este ajuste contable. Desde el consistorio señalan que las inversiones principales en infraestructuras de seguridad, como la instalación de cámaras, sistemas pasivos o medidas antiintrusión se realizan de forma puntual. En otras palabras, no se compran cámaras todos los años. De este modo, daban la inversión por amortizada y sostienen que los gastos de que se mantienen en la partida son solo implementaciones.
Estas explicaciones se producen después de que se generara un debate político y social entorno a si la seguridad del Museo era suficiente. Mientras vecinos de la zona cuestionan, por ejemplo, que las ventanas no contaran con barrotes de seguridad, Izquierda Unida denunció públicamente las cifras del tijeretazo presupuestario. Una postura que desde el equipo de Gobierno municipal del PSOE consideran "tendenciosa", recriminando a la formación política que sus críticas demuestran falta de conocimiento en contabilidad local.
A ello se suma a la judicialización del caso, después de que la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) haya presentado una denuncia contra el alcalde de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, por un presunto delito de omisión del deber de protección y custodia de bienes de valor histórico y cultural. Frente a esta acción penal, el Ayuntamiento le resta trascendencia. Se muestra tranquilo y encuadra la actuación judicial como un movimiento previsible de este tipo de colectivos en momentos de impacto público.
El otro gran frente político de la gestión de la seguridad se localiza directamente en la Moncloa. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, contaba días antes de consumarse el atraco con el informe de la Europol en el que se advertía de que "los metales y piedras preciosas se han convertido en blancos frecuentes" en instalaciones culturales europeas. Pese a contar con dicha advertencia previa, el Ministerio no convocó de urgencia a las comunidades autónomas ni trasladó la alerta hasta después de que se produjera el expolio.
Preguntada esta misma semana por este retraso en la transmisión del informe de la Europol, la ministra valenciana de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que no le "consta" que se desarrollara de ese modo. Morant ha eludido asumir la responsabilidad estatal y ha desviado el foco, pasando la pelota a la administración autonómica al pedir explicaciones a la Generalitat Valenciana.