Solidarios, hasta que nos toca

Hay un dicho, de autoría disputada, según el cual un conservador es un progresista que ha tenido que enfrentarse a las realidades de la vida.

Se suele citar con sorna hacia el converso, pero yo prefiero realizar una lectura a la inversa.

Una convicción que sobrevive únicamente cuando el problema es ajeno no es un principio, es una postura. Y por eso llevamos ocho años sufriendo “cambios de opinión” y de posturas, primero semanalmente, y ahora ya a diario.

Conviene decir de entrada que este fenómeno no es patrimonio de nadie. Upton Sinclair ya observó que cuesta mucho que alguien entienda algo cuando su sueldo depende de no entenderlo, y eso vale para todos los espectros. Pero cada cual responde ante los estándares que proclama, y el autodenominado progresismo español proclama el estándar universal de lo bueno por encima de lo malo.

Eso sí, cuanto más alto el listón declarado, más visible la distancia cuando hay que saltarlo.

Tomemos la situación de la vivienda, un problema descubierto además hace poco por nuestros políticos y sindicatos. Es habitual defender, y con razón, que el acceso a la vivienda es un derecho y que la especulación expulsa a los vecinos de sus barrios.

Pero basta que un inquilino deje de pagar o que alguien ocupe un piso del que proclama lo anterior para que el matiz sustituya al eslogan: de pronto importan mucho la seguridad jurídica, los plazos y la protección del propietario.

Por eso volvemos a lo bueno y lo malo, que cambia en función de la situación que esté experimentando el progresista. Si le es favorable, lo ataca desde la comodidad. Si es lo desfavorable, lo reivindica desde la necesidad. La postura se transforma de nuevo en cuanto la situación se le ha quedado resuelta, momento en el que vuelve a la casilla de salida alegando que cualquiera puede cambiar de opinión en cualquier momento. 

Y por supuesto que puede, pero siempre coincide que se modifica cuando le afecta directamente.  Tenemos el desalojo exprés de la sede de UGT en Madrid, aquel alcalde de Junts amenazando con un hacha a los okupas de su chalet, o la defensa a ultranza del impresionante holding inmobiliario de la pareja de Montse Mínguez y el perdón de los trescientos mil euros de deuda en Lérida.

Todo eso entra dentro de lo bueno, porque los malos son siempre los demás.

Esta lógica infantil, por ejemplo, aplica igual con el turismo. La crítica a la masificación es legítima y está documentada, pero resulta llamativo ver cómo se atempera cuando el que alquila o viaja es el progresista. El turista, como el tráfico, siempre son los otros.

Se defiende con entusiasmo la transición energética, hasta que los molinos o la planta solar aparecen frente a la casa del pueblo. Y lo mismo con el centro de acogida o el piso tutelado que «está muy bien, pero no en esta calle». El fenómeno tiene nombre en inglés, NIMBY, y aunque no distingue de siglas, lleva siendo el modus operandi diario de un gobierno que no tiene responsabilidad por absolutamente nada de lo que es responsable.

¿Qué hay detrás? Pues en el caso del votante probablemente no hipocresía en sentido estricto, sino algo más humano y más corriente: el razonamiento motivado.

Cuando una política es abstracta evaluamos sus principios; cuando nos afecta, evaluamos sus consecuencias.

En el caso del político o de la red clientelar, el origen es más perverso. Goebbels sabía mucho de esto.

Cambiar de posición al sufrir un problema puede generar un aprendizaje legítimo, pero se vuelve incoherencia cuando la postura se resetea tras la resolución.

La pregunta, entonces, no es si cambiamos de criterio, sino si somos capaces de explicar el cambio sin fingir que no ha ocurrido.

Y la respuesta es que no. El autodenominado progresismo actual se resume en el niño que molesta en el patio hasta que le molestan a él y entonces dice que la culpa es de los demás.

Y eso es lo que elegiremos en poco más de mes y medio: madurez o adolescencia.