¿De qué consta la documentación que le exige la jueza al Ayuntamiento en el caso de Les Naus?

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha vuelto a requerir de manera urgente al Ayuntamiento de Alicante la remisión de toda la documentación relativa a las actuaciones realizadas sobre el terreno municipal donde se proyectó la promoción. Este nuevo llamamiento se produce tras haberse agotado el plazo de un mes fijado en las diligencias fijadas por la instructora, sin que la corporación haya completado el envío exigido para el esclarecimiento de los hechos.

La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades administrativas o trato de favor en la adjudicación de las Viviendas de Protección Pública (VPP) construidas en el residencial Les Naus. Con este requerimiento, la magistrada insiste en obtener los expedientes y comunicaciones oficiales para avanzar en el caso, en el que ya figuran hasta 18 personas investigadas entre directivos, responsables de la promotora/cooperativa y cargos vinculados al proceso.

Claves y contexto: La información requerida sobre las parcelas

Para entender el alcance del requerimiento judicial emitido al Consistorio, es preciso analizar detalladamente los aspectos vinculados a la gestión del suelo. El residencial se levanta sobre un terreno de titularidad municipal destinado originalmente a la promoción de vivienda con protección oficial para facilitar el acceso a la vivienda. Por ello, la jueza ha solicitado la trazabilidad completa del acuerdo de la junta de gobierno local y de los servicios jurídicos municipales desde que se inició el proceso de enajenación o cesión del suelo, buscando comprobar si el Ayuntamiento fiscalizó adecuadamente que la promotora o cooperativa cumplía con las bases legales para la adjudicación.

Asimismo, el juzgado reclama la documentación interna, correos electrónicos e informes técnicos intercambiados entre los departamentos municipales y los gestores durante el desarrollo del plan urbanístico. Determinar si los expedientes de las parcelas sufrieron modificaciones o si el Consistorio omitió controles resulta determinante en esta causa penal para analizar la posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias o falsedad en el proceso de adjudicación de los inmuebles.