El retrato de Julio de España no se moverá de su sitio (o al menos eso dice la hemeroteca)

Camina uno por los estamentos del poder y es inevitable fijarse en los rostros pincelados de los cuadros que presiden las estancias enmoquetadas. Personajes ilustres que ostentaron algún cargo de relevancia y que controlaron todas las esquinas de ese edificio, que recuerdan a las fotos en blanco y negro que observa el señor Keating en El club de los poetas muertos. Ya sea en ayuntamientos, diputaciones o parlamentos, al ser humano le gusta dejar constancia de las figuras que un día mandaron. Pero, ¿qué ocurre cuando el pincel de la historia choca con los compases del Código Penal?

El pulso actual y el precedente franquista

El último conflicto lo protagoniza Compromís en Les Corts Valencianes, donde exige retirar el retrato de Julio de España, expresidente de la cámara autonómica y de la Diputación de Alicante, como consecuencia de su condena penal por los abusos a una paciente cometidos en agosto de 2023. No es un caso aislado, sino un nuevo capítulo en la permanente tensión entre la higiene democrática y la inercia institucional. La retirada de honores y efigies institucionales no es nueva en nuestra democracia: el ejemplo más rotundo se produjo en el Congreso de los Diputados, cuando la Cámara Baja descolgó de sus galerías de honor los retratos de los presidentes de las Cortes durante la dictadura franquista —como Esteban de Bilbao o Alejandro Rodríguez de Valcárcel—, subordinando el valor estético a la exigencia de una memoria democrática homologada.

Los retratos que resisten en la Comunidad Valenciana

Sin embargo, el criterio cambia radicalmente cuando se trata de políticos condenados en la etapa democrática. En las administraciones locales y provinciales impera una suerte de blindaje de los lienzos. El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado en 2014 a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, vio cómo su efigie continuaba en la galería oficial del palacio provincial, esquivando las peticiones de retirada de la oposición.

En la Diputación de Alicante, los rostros de mandatarios salpicados por grandes macrocausas también han permanecido en las paredes. Un caso paradigmático es el de José Joaquín Ripoll, cuyo retrato se mantuvo colgado durante los largos años de instrucción del caso Brugal hasta que, finalmente, la Audiencia Provincial de Alicante lo absolvió por completo en 2024, evidenciando el riesgo de los juicios paralelos institucionales. En el plano local, el exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri (PSOE), condenado en firme por prevaricación administrativa a raíz del fraccionamiento de contratos y el despido de una interina, tampoco vio censurado su retrato en las dependencias municipales, normalizando un debate transversal que afecta a todas las formaciones políticas.

La teoría del retrato frente al debate ético

Frente a la exigencia social de descolgar a los caídos en desgracia judicial, distintas voces del ámbito jurídico y protocolario esgrimen un argumento de corte archivístico: los retratos institucionales no constituyen un galardón al mérito moral, sino un mero registro cronológico y patrimonial de quienes ostentaron la vara de mando. Para unos, mantener los cuadros es blanquear la deshonra; para otros, alterarlos es maquillar la historia. Entre el lienzo y la sentencia, las paredes del poder siguen guardando un secreto incómodo: el de aquellos rostros que un día lo fueron todo y hoy son, tan solo, un problema de protocolo.