¿Por qué el esfuerzo ya no basta para prosperar?

En 2018, la OCDE publicó ¿Un ascensor social roto?, un informe que puso cifras a una preocupación creciente: la movilidad ascendente de los hijos de padres con menor nivel educativo mejoró para las generaciones nacidas entre 1955 y 1975, pero se estancó para las nacidas a partir de esa fecha. Al mismo tiempo, la organización estimó que, en un país medio de la OCDE, un descendiente de una familia con menos ingresos necesitaría entre cuatro y cinco generaciones para alcanzar la renta media.

No se trata de una predicción determinista, sino de una estimación ilustrativa basada en la persistencia intergeneracional de ingresos. Aun con sus límites metodológicos, el dato revela algo difícil de ignorar y es que el origen familiar condiciona de manera sustancial las oportunidades económicas.

La narrativa oficial suele atribuir este atasco a fuerzas abstractas como la desigualdad, los fallos del libre mercado o la avaricia de los empresarios. Sin embargo, un análisis riguroso de la historia económica revela que los factores más decisivo en el deterioro de la movilidad social han sido la política monetaria y fiscal, aunque no son los únicos.

La raíz de este estancamiento reside en la interacción entre la política monetaria, el crédito y los activos. Tras la ruptura del sistema de Bretton Woods (1971-1973), que terminó con la convertibilidad del dólar en oro, las economías avanzadas entraron en un régimen de moneda fíat y mayor flexibilidad crediticia. La consecuencia de desanclar la moneda de un respaldo físico y escaso fue la entrada en una era de expansión crediticia ilimitada gestionada por los bancos centrales. Cuando la creación de liquidez supera durante años el crecimiento de la producción, el impulso no se traduce en salarios reales, sino en la revalorización de activos ya existentes.

Esta inyección de liquidez artificial desató una elevada inflación de activos que alteró por completo el cálculo económico, canalizándose masivamente hacia los mercados financieros y el sector inmobiliario. Al convertirse los bienes inmuebles en refugios frente a la constante devaluación de la moneda, el coste de la vivienda se disparó. En la década de los ochenta, adquirir una casa requería entre 3 y 4 años de salario bruto; hoy, en gran parte de la OCDE, exige entre 8 y 12 años. Se produjo así un aumento de la desigualdad. Quien ya poseía patrimonio se benefició de la subida de precios, mientras quien dependía de su sueldo debía destinar una proporción creciente de sus ingresos a acceder a un techo.

A esta pinza monetaria se unió una agresiva reconfiguración del mapa fiscal durante los años ochenta. Bajo la premisa de simplificar el sistema, se redujeron los tipos marginales nominales más altos del IRPF. Sin embargo, para sostener los presupuestos, los gobiernos aplicaron un ensanchamiento masivo de las bases imponibles y liquidadoras, eliminando deducciones tradicionales y persiguiendo rentas que antes estaban protegidas. Finalmente, para blindar la recaudación ante la volatilidad del capital, se generalizó de forma agresiva un tributo hasta entonces marginal: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La combinación de estas reformas de base ancha desplazó la carga fiscal real desde el patrimonio consolidado hacia los rendimientos del trabajo y el consumo diario. Hoy, el ciudadano que depende exclusivamente de una nómina se encuentra con que el fisco confisca su excedente potencial mediante los impuestos directos antes de que pueda ahorrar. A esta carga se suman las tasas indirectas crecientes que penalizan el consumo.

El verdadero drama de este diseño es su impacto letal sobre la productividad general, que encadena décadas de estancamiento en el bloque desarrollado. La productividad no aumenta por decreto, sino mediante la acumulación previa de capital real y eficiente. Al destruirse la función social del ahorro a largo plazo por culpa de una moneda permanentemente devaluada y una fiscalidad que penaliza el margen de beneficio del trabajador cualificado, se incentiva la gratificación inmediata en lugar de la inversión productiva. Al no crecer la productividad física de los trabajadores, los salarios reales permanecen congelados.

La conclusión de este proceso es que el ahorro, puente indispensable para que el esfuerzo laboral se transforme en patrimonio e independencia económica, ha sido virtualmente ilegalizado para las clases medias y bajas. Hoy, la posición social depende más del origen familiar y los activos heredados que del mérito y la productividad individual.

Pero lo más alarmante de todo no es el efecto económico, sino sus repercusiones sociales y políticas. Cuando la sociedad percibe que el ascensor social se ha paralizado, la confianza en el mérito y el esfuerzo se erosionan y crece la demanda de soluciones cortoplacistas. En ese contexto, surgen partidos políticos dispuestos a obtener rédito presentando el estancamiento constatado por la OCDE como prueba de que la meritocracia y el esfuerzo individual son un mito. Esos partidos sostienen que la precariedad es culpa exclusiva de la avaricia de los empresarios y los utilizan como chivos expiatorios para justificar una intervención aún mayor en la sociedad. Si esa intervención se traduce en más clientelismo, regulaciones asfixiantes y dependencia de los subsidios, puede frenar aún más el ascensor social.