Dicho sea de paso

Moncloa is not Ferraz

La prisa del Gobierno por aprobar medidas en plena campaña, después de tres años sin Presupuestos, solo admite una explicación: el BOE se ha puesto al servicio del PSOE, y la factura la pagamos todos. Que sea legal no lo hace menos obsceno.

Pedro Sánchez

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Hay una edad en la que uno descubre que los Reyes Magos son los padres, y desde entonces mira los regalos con otros ojos: los sigue agradeciendo, pero ya sabe de dónde sale el dinero. Este año la cabalgata ha salido de la Moncloa con siete semanas de adelanto y viene bien cargada. Los regalos llegan con tarjeta del PSOE, pero la factura la pagamos entre todos. Y todo esto coincide, oh sorpresa, con la campaña electoral.

Nada de lo que está haciendo el Gobierno estas dos semanas es ilegal, y conviene empezar por ahí. Un Gobierno no deja de serlo porque se convoquen elecciones, y la Moncloa insiste en que reunir al Consejo de Ministros en campaña entra dentro de sus competencias. Tiene razón. Pero la ley marca el suelo, no el listón, y hay gobiernos que se instalan en el suelo con toda comodidad.

Este se ha instalado a lo grande. Cuatro Consejos de Ministros en quince días de campaña, más que en ninguna de las cinco elecciones generales anteriores. En 2019 se inventaron los «viernes sociales»; esta vez se ve que les sabía a poco y han hecho falta también los martes. Lo curioso es la prisa. El mismo Gobierno que ha pasado una legislatura entera sin llevar al Congreso unos Presupuestos descubre a dos semanas de las urnas que tiene «muchos asuntos que aprobar», en palabras de Félix Bolaños. El mismo Bolaños que en mayo incluyó los Presupuestos de este año en un plan de ciento setenta y nueve normas. Acabaron, como tantas otras cosas, en el cajón. Tres años sin hueco y, de pronto, una agenda que no cabe en una semana. O las cosas no eran tan urgentes, o la urgencia es otra.

Los asuntos, además, se eligen con buen ojo. El viernes 13 el Consejo dio un primer paso para revalorizar las pensiones de 2027 sin conocer aún la inflación que deben compensar. Ayer aprobó la subida de los funcionarios, pactada con los sindicatos hace un año, que el presidente tuvo el detalle de anunciar la víspera en Telecinco. Que nadie lea aquí un reproche a pensionistas o funcionarios: lo suyo es justo y les corresponde. El reproche es para quien convierte lo que ya les correspondía en un regalo con su firma, entregado a tiempo para que se note en la urna. Y con una ventaja añadida: el lazo lo pone este Gobierno, pero la cuenta, si hace falta, la pagará el siguiente.

Y de paso, Lula. Primero en la Moncloa, después en un acto del PSOE, y entre medias la frontera entre el Gobierno y el partido borrada a conciencia. El brasileño acabó el día proclamando que Sánchez es «la persona indicada» para defender la democracia en Europa. A estas alturas nadie sabría decir si lo dijo como invitado del Gobierno o del partido, y esa es precisamente la gracia. La Junta Electoral ya multó en 2020 al presidente con quinientos euros por usar la Moncloa con fines electorales. Visto lo visto, parece que se lo tomó como una tarifa.

Cervantes, que sabía de gobernadores, dejó la mejor lección sobre el asunto en boca de un escudero que no sabía leer. Cuando Sancho abandona la ínsula Barataria, presume de salir como entró, sin blanca, «bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas». Sancho entendió algo que en la Moncloa se olvida en cuanto asoma una urna: el gobierno se presta, y la ínsula no es de quien la gobierna. Lo de todos no se regala. Como mucho, se administra.