El PSOE lleva inmigrantes a sus sedes para hacerles la regularización y tener su voto comprado

El PSOE ya no disimula con la regularización masiva de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que antes se envolvía en discursos sobre “integración”, “derechos” o “políticas sociales”, ahora se ejecuta sin complejos: utilizar la inmigración como herramienta política para el clientelismo y el voto cautivo. La última escena se ha visto en Castellón, donde el PSPV ha decidido abrir su propia sede, la Casa del Pueblo de la calle Carcaixent en la capital de la Plana, para asesorar y tramitar procesos de regularización de inmigrantes como si fuera una administración más.

La sede del PSOE en Castellón es convertida en oficina administrativa paralela para la regularización masiva de inmigrantes: abierta de lunes a viernes, con cita previa, atención personalizada y hasta formulario propio para gestionar expedientes. Todo muy organizado y también profundamente cuestionable, porque aquí hablamos de un partido político que decide asumir funciones que corresponden a la administración, transmitiendo el mensaje a los inmigrantes de que quien te regulariza y te hace el favor es el PSOE de Sánchez, así que si el día de mañana puedes votar, ya sabes.

El argumento oficial suena impecable: evitar bulos, impedir estafas y ofrecer ayuda gratuita. El problema es el contexto en el que el mismo partido, el PSOE, que impulsa la regularización de inmigrantes desde el Gobierno de Sánchez es el que ahora ofrece, desde su propia sede, el acompañamiento para conseguirla. Blanco y en botella. No es difícil entender lo que esto genera: una relación directa entre quien concede la regularización y quien los recibe, porque cuando la ayuda pública pasa por la puerta de la sede socialista, en este caso en Castellón, deja de ser sólo ayuda para ser clientelismo.

Además, el propio diseño del sistema del PSOE en Castellón, con cita previa, atención personalizada y acompañamiento, convierte el trámite en algo mucho más que hecho informativo. Es una puerta de entrada, un vínculo, una relación que no es con la administración, sino partidista con el PSOE de Sánchez. Y aquí surge la gran pregunta que el PSOE y el Gobierno evita responder: ¿por qué no se refuerzan los servicios públicos para gestionar este proceso en lugar de llevarlos a su sede? ¿Por qué no son las oficinas de extranjería, las delegaciones del Gobierno o los ayuntamientos quienes lideran este trabajo con medios suficientes? La respuesta, aunque incómoda, parece evidente: porque no genera el mismo impacto político ni el mismo clientelismo, así en el futuro a los inmigrantes regularizados con su ayuda les recordarán a quién deben votar.