Bolaños olvida de nuevo a los valencianos

El Congreso de los Diputados, en su última sesión del año, aprobó la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una norma que abordará serias modificaciones en la organización de la Administración de Justicia. Pues bien, entre esas novedades se encuentra que, en el plazo máximo de nueve meses, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer habrán de entender todos los actos violentos siempre y cuando la víctima sea una mujer, con independencia de que el investigado sea o haya sido su pareja.

Con ello, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS), que entró en vigor en octubre de 2022, de ampliar las competencias de estos juzgados asignando a las Secciones de Violencia sobre la Mujer la responsabilidad de los procesos relacionados con delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual, siempre y cuando la víctima sea mujer. Esto conllevaba también, y así lo reflejaba la norma, la revisión de las competencias de los órganos judiciales que desde 2005 se encargan de los asuntos en los que la víctima es una mujer y su agresor un hombre con el que mantiene o ha mantenido en el pasado una relación, a la par que exigía la especialización de los y las jueces titulares de estos órganos.

Dos años después de su entrada en vigor, la medida señalada ha sido pactada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Podemos como parte de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. Y es en esta última, donde se establece ese plazo de los nueve meses en que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán asumir las competencias en materia de violencia sexual de los procesos que se inicien a partir de ese momento.

Esta modificación va en línea con la concepción de la violencia sobre la mujer que apunta el Convenio de Estambul ratificado por España hace diez años, y que implica considerar todos los actos violentos cometidos contra las mujeres, por el hecho de serlo, más allá del ámbito de la pareja o expareja. Un mandato que obliga a las administraciones públicas a modificar su visión de la violencia de género para entenderla en un sentido más amplio, de forma que incluya toda la violencia que implique o pueda implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica cualquiera que sea el entorno en el que ésta se produzca y con independencia de quien sea el agresor.

La media de plazas orgánicas de Magistrados y Jueces por cada 100.000 habitantes en la Comunitat Valenciana (11,4) está por debajo de la media estatal (11,7)

Ahora bien, la aplicación de la medida descrita va a suponer un gravamen de carga de trabajo en los actuales juzgados. Va a requerir la creación nuevos órganos judiciales, así como más dotación de plazas de funcionariado de la administración de justicia si no queremos asistir a una fuga de jueces y personal ya saturados con la actual sobrecarga a la que están sometidos, además de una especialización y ampliación de recursos para la protección de las víctimas.

Y también va a afectar a la Administración de Justicia de las Comunidades Autónomas, dado que la dotación y el crédito son competencia del Ministerio de Justicia, esto es, de la Administración Central del Estado. He ahí el problema al que el ministro Bolaños aún no ha dado respuesta ni solución. Ni creo que las dé.

Siendo consellera de Justicia le trasladé cuales eran las muchas carencias existentes en la Administración de Justicia Valenciana. Unas carencias que impedían prestar un servicio rápido y eficiente. Por eso, en la Conferencia Sectorial de Justicia de marzo del año pasado, le solicité para la Comunidad Valenciana la creación de nuevos juzgados y la dotación de personal necesaria, dado que es competencia suya en exclusiva. Utilicé los mismos datos que aporta su Ministerio y el TSJ-CV. Entre ellos estaba la creación de nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer. Dejé mi responsabilidad en julio de 2024 y hasta ese momento no me respondió ni me consta que haya dado ninguna respuesta posterior.

Según los datos que se desprenden de la publicación del CGPJ correspondientes al año 2022, la media de plazas orgánicas de Magistrados y Jueces por cada 100.000 habitantes en la Comunitat Valenciana (11,4) está por debajo de la media estatal (11,7). Asimismo, si bien las tasas de resolución y congestión en la Comunitat Valenciana se sitúan por debajo de la media estatal, la tasa de litigiosidad (141,3) es superior a la media (140,8).

En consecuencia, consideraba prioritario perseguir la erradicación de la situación de desequilibrio existente en la planta judicial, y las deficiencias estructurales en la distribución de cargas de trabajo, por lo que era del todo necesario la creación y entrada en funcionamiento de una serie de unidades judiciales así́ como la creación de plazas de Magistrado en órganos colegiados. Según la memoria del TSJ-CV de 2023, las necesidades completas de ampliación de la planta judicial ascendían a un total de 18 plazas de Magistrado y 95 nuevos juzgados que importaban un crédito necesario para su implantación de 29.281.871 euros.

Las tasas de resolución y congestión en la Comunitat Valenciana se sitúan por debajo de la media estatal, la tasa de litigiosidad (141,3) es superior a la media (140,8)

De esa cantidad necesaria y exigida al ministro Bolaños, 8 nuevos juzgados eran de Violencia sobre la Mujer; 3 para Alicante, 1 para Castellón y 4 para Valencia. Además de una plaza de Magistrado para la sección 1 de lo penal de la Audiencia de Alicante. Si antes de entrar en vigor ese plazo de nueve meses los tres juzgados actualmente existentes ya van sobrecargados, y Félix Bolaños no ha dado respuesta, ni hay visos que la de. ¿Qué ocurrirá cuando las actuales secciones de violencia sobre la mujer tengan que atender más tipos penales conforme a la medida aprobada en la Ley de Eficiencia de Justicia ? Que la sobrecarga recaerá, además, sobre los Juzgados de Instrucción ya saturados, a la espera de ampliación de planta, personal y equiparación de retribuciones por parte del Ministerio.

Se lo dije en su día al señor Bolaños y hoy lo hago de nuevo. No engañe a los valencianos. Sufrimos una Administración de Justicia más lenta que el resto del territorio nacional por falta de recursos y personal siendo suya la competencia de proveerlos. Me despidió con su particular sonrisa. Seguimos sin noticias suyas. Quizás ha llegado el momento de plantarse de una vez por todas para reivindicar lo que es nuestro.