¿Es legal o no es legal?: Lío en la Diputación con el secretario Vicente Boquera como protagonista

El secretario general de la Diputación de Valencia vuelve a estar en el 'ojo del huracán' después de que la corporación provincial haya tenido que aplazar una votación acerca de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo tras la ambigua conclusión de su informe sobre si lo que se iba a votar era legal o ilegal. A inicios del mes de febrero, la ausencia de un informe de Vicente Boquera, secretario de la corporación provincial, también acerca de una RPT, obligó a aplazar un pleno, algo que generó malestar en el equipo de gobierno, que hoy, delante de todo el mundo, lo ha puesto en evidencia por no garantizar al cien por cien la legalidad de una votación cuando esa es la máxima de su trabajo: garantizar que todas las decisiones que adopta la Diputación cumplan con la ley vigente.

En este caso, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que proponía el gobierno provincial y para la que había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista consistía en igualar el número de funcionarios adscritos a cada grupo, ya que, en estos momentos, pese a que el Partido Popular era el grupo que más diputados tenía, tenía menos funcionarios que el PSPV. Con esta RPT, la Diputación reorganizaba unos puestos que ya existían e igualaba el número de funcionarios de tal forma que el PP tendría cuatro funcionarios, el PSPV pasaría de tener seis a cuatro y Compromís y Vox se mantendrían con los mismos, con dos y uno respectivamente.

Sin embargo, el conflicto con el informe del secretario viene dado por su poca predisposición a que estos puestos fueran de libre designación, ya que Boquera defiende que, para acceder a ellos, debería haber una especie de concurso de méritos. Lo contradictorio viene cuando el mismo Boquera accedió a su puesto a través de la libre designación, algo de lo que ahora está en contra.

La tensión ha surgido en el momento en el que se iba a proceder a la votación. Después de que el diputado del área de Administración General y Bandas de Música, Ricardo Gabaldón, explicara la RPT y el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, expusiera que, tras la intervención de la vicepresidenta, Natàlia Enguix, y el presidente, Vicente Mompó, se había llegado a un acuerdo para el voto favorable del PSPV, la portavoz del PP, Reme Mazzolari, ha interpelado al secretario exponiendo que, tras su informe, el pleno no tenía la seguridad jurídica para poder llevar a cabo esta votación. 

Tras un tenso cruce de palabras, en el que Mazzolari no paraba de instar a Boquera a que se pronunciara claramente sobre si la RPT era legal o no, con un Boquera que en ningún momento ha respondido firmemente, Mompó, a petición de Bielsa, ha dado un receso para que los portavoces y el secretario aclararan dicha cuestión. Pero nada más lejos de la realidad: a la vuelta del receso, pese a que Mompó ha solicitado a Boquera pronunciarse claramente sobre si la RPT era o no ilegal, Boquera, que ha manifestado que el documento era claramente mejorable a nivel jurídico, con aspectos que podrían incurrir en alguna ilegalidad, ha vuelto a afirmar que la secretaría hacía una recomendación jurídica para la mejora de la seguridad de los acuerdos que adopta este pleno, pero que el acuerdo no era ilegal, instando al pleno a mejorarlo o a votarlo.

Finalmente, fruto de la ambigüedad en las palabras del secretario, todos los grupos, temiendo que se pudiera estar incurriendo en una ilegalidad, han decidido que esta votación se posponga al próximo pleno, donde finalmente se materializará el acuerdo entre el PP y el PSOE para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Para concluir, una Mazzolari visiblemente enfadada ha exigido a la secretaría que cumpla "escrupulosamente" su función de asesoramiento jurídico para que esta situación, insólita, no vuelva a ocurrir.