El Gobierno de Sánchez se niega a pagar las inspecciones de 30.000 viviendas dañadas en la dana

Cuando se cumplen seis meses de la riada del 29 de octubre que asoló Valencia, todavía existen viviendas que carecen del informe de habitabilidad. El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a hacerse cargo de las inspecciones de los edificios dañados con seguro que han soportado el agua y el barro en sus garajes ignorando el riesgo estructural que puede llegar a suponer. Ante esta discriminación y la demora del seguro, el Consell de la Generalitat asumirá el coste de las inspecciones en 30.000 viviendas, así como 200 apuntalamientos necesarios con una partida de 4’5 millones y aprueba otra línea de 700.000 euros para subvencionar las demoliciones totales con hasta 16.000 euros por vivienda.

“Sorpresa, el Gobierno de España ha decidido no abonar las inspecciones de las viviendas que cuentan con un seguro”, ha lamentado con tono irónico la vicepresidenta de la Generalitat y consellera, Susana Camarero. Denuncia que esta negativa establece “dos niveles de ciudadanos, vecinos con seguro y vecinos de edificios sin seguro: dos tipos de respuesta ante la misa situación”.

30.000 familias viven en viviendas golpeadas por la riada y, aunque se realizó una primera inspección, aún carecen de una senda revisión en profundidad que determine si pueden seguir viviendo allí o están en riesgo. La consellera ha advertido del riesgo de la demora del Consorcio de Seguros: “contamos con el peligro de que no sean habitables”.

Por ello, ha avanzado que la Generalitat Valenciana ya está “pagando las inspecciones a pesar del rechazo del gobierno de España”. En concreto, ya se han emitido 15.000 informes, es decir, que se han revisado cerca del 50% de los edificios. De estos, 200 han requerido apuntalamientos. Del mismo modo, con los sótanos que han soportado grandes cargas de agua y lodo, se han inspeccionado ya 461. El proceso coordinado por el Colegio de Arquitectura se prolongará por un plazo de nueve meses y hasta el mes de mayo en el caso de la evaluación de los garajes.

Para los casos más dramáticos, las demoliciones de los hogares, la Generalitat Valenciana ha aprobado una partida de 700.000 euros. Las ayudas están destinadas a las personas para subvencionar las obras de demolición, tanto con carácter retroactivo las 67 viviendas ya demolidas totalmente, así como aquellas con una orden de demolición prevista.