Los valencianos pagan 23 millones anuales para mantener su cuota de inmigrantes

Continúa en marcha el procedimiento judicial abierto por parte de la Generalitat Valenciana contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto de menos inmigrantes  a las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana insiste en su rechazo debido a la falta de espacio y recursos. El coste de la manutención de cada 'mena' es de 218,85 euros al día lo que supone un total de 23 millones de eros que proceden de las arcas públicas de la Generalitat Valenciana.

Por esto motivo, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, se pregunta con tono irónico si si el Gobierno "va a transferir a la Comunidad Valenciana 6.500 euros al mes, 78.800 euros por cada menor al año, para cubrir estos gastos o si lo que busca es crear menores de primera y de segunda". Dado que de los 23 millones de euros el Gobierno solo aporta 1,2 millones y la situación en los centros e menores ya roza el "hacinamiento", palabras de Camarero, incide en que es una "irresponsabilidad", una "burla" aceptar el reparto y acoger más cuota llegando a ser "racista" el sistema del Gobierno que no les proporciona "la atención que requieren".

Además de reclamar al Estado financiación como condición para aceptar el acogimiento de inmigrantes, la vicepresidenta valenciana ha denunciado la carencia de una "política de emancipación" por parte del Gobierno. Según Camarero, el Gobierno de España "deja tirados a los menores en cuanto cumplen los 18 años", al dejar de tutelarles. "Cuando llega la mayoría de edad y llega la realidad, nos encontramos con menores sin casas, sin trabajo, sin papales y en la marginación social por no darles atención, planificación y seguimiento". En cambio, distingue que "la Comunidad Valenciana sí ofrece recursos de emancipación".

Por todo ello, la consellera ha insistido en que "este Gobierno no puede incumplir de forma permanente su responsabilidad y, al mismo tiempo, pretender que las comunidades autónomas asuman las políticas migratorias". Por ello, ha rechazado el reparto propuesto "no por falta de solidaridad, sino por sentido común, por responsabilidad y porque no se va a permitir que se juegue con la dignidad de los menores que ya hay acogidos en nuestro sistema".