La Generalitat lleva ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores inmigrantes
El recurso del gobierno valenciano cuenta con el respaldo de un informe del Consell Jurídic Consultiu que sostiene que vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía
Carlos Mazón y Susana Camarero
El Consell de la Generalitat Valenciana presenta este mismo martes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el 'decretazo' de Pedro Sánchez con el que pretende imponer el reparto de menores inmigrantes a las comunidades autónomas.
El reparto preveía tan solo en este primer año el traslado de más de 4.000 menores desde Canarias y otros 400 desde Ceuta. Mientras Cataluña solo recibiría 26 'menas' la Comunidad Valenciana acogería 477. Pero también abre la puerta a que el reparto se produzca periódica y sistemáticamente.
El recurso del gobierno valenciano cuenta con el respaldo de un informe del Consell Jurídic Consultiu que sostiene que vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El dictamen emitido considera que "hay argumentos suficientes según la doctrina del Constitucional para poner en tela de juicio el decreto", ha trasladado la vicepresidenta, Susana Camarero.
Por un lado, se denuncia que "no hay urgencia suficiente" como para aprobarlo por la vía 'fácil' del decreto ley al que acostumbra Pedro Sánchez siempre que no tiene apoyos suficientes en el Congreso. El Consell Jurídic considera que "el Gobierno ha tirado de decreto sin justificar la urgente necesidad que exige la Constitución Española en el artículo 86.1", ha explicado Camarero. También se denuncia que, al afectar a derechos fundamentales, "no tenía que estar regulado por decreto ley, sino por ley orgánica".
A ello se suma la invasión de competencias que supone. "Son áreas exclusivas de la Generalitat la atención e integración de menores no acompañados", según respalda el dictamen concluyendo que "vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía valenciano".
La vicepresidenta y portavoz el Consell ha censurado que además el Gobierno haya roto "el respeto institucional" al "imponer medidas sin negociar, sin acordar, sin hablar con las administraciones que tienen las competencias".
Todo ello sin aportar financiación, pues como ha recordado Camarero el decreto "obliga a acoger y a atender a los menores y no prevé ni un solo euro para hacerlo", así que se denuncia que también rompe con "el principio de autonomía financiero". Es "jurídicamente cuestionable que impone cargas a las comunidades autónomas sin ofrecer diálogo ni recursos. Por todo esto, el Consell ha aprobado el envío del recurso ante el Tribunal Constitucional.