Investigado por 'asusta ancianas': la justicia reabre el caso de las amenazas del alcalde socialista de Silla a una vecina

La Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto el caso que investiga al alcalde de Silla por presuntas amenazas y coacciones a una vecina que habría criticado su gestión al frente del Ayuntamiento en redes sociales, tras la petición del abogado de la denunciante. Vicent Zaragoza, edil socialista y también diputado provincial en la Diputación de Valencia, apodado en su entorno como "el asusta ancianas", habría enviado a agentes de la Policía Local a "atemorizar" a esta ciudadana crítica, considerando más efectiva esta forma de proceder "camorrista" que recurrir a la vía judicial, pues, según se desprende del sumario, el propio alcalde habría manifestado a un agente: "todos los jueces son unos hijos de la grandísima pu**", cuando este le planteó una alternativa legal a las amenazas.

El caso salió a la luz a raíz de unas escuchas autorizadas judicialmente en el marco de una investigación por una presunta trama de corrupción policial, en la que varios miembros de la Policía Local de Silla estarían actuando en connivencia con la propietaria de un narcopiso. En una de esas grabaciones, quedó registrada una conversación entre el comisario y el alcalde que revelaría cómo esa presunta red policial era utilizada también para intimidar a vecinos, en un claro caso de abuso de autoridad.

La víctima de las supuestas coacciones es una mujer de 73 años que habría publicado en sus redes sociales una insinuación acerca de que el alcalde podría haberse beneficiado económicamente mediante comisiones por la instalación de unos maceteros en el municipio. Este comentario habría sido, a juicio del alcalde, motivo suficiente para “darle un susto”.

En relación con este asunto, la Audiencia Provincial de Valencia, tal y como ha informado el diario Las Provincias, ha establecido que un comentario en redes sociales sobre la actuación pública de un alcalde, mientras no sea declarado judicialmente como injurioso, calumnioso o atentatorio contra el derecho al honor, se enmarca dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Asimismo, el tribunal advierte que cualquier forma de presión o reprimenda verbal que busque coartar dicho derecho podría, en principio, constituir un delito de coacciones, al implicar un proceder ilegítimo acompañado de violencia psíquica e intimidación, según recoge el auto.

En su resolución, la Audiencia concluye que los hechos denunciados deben ser investigados para comprobar si realmente se produjeron. Además, indica que la jueza de Carlet deberá continuar la tramitación del caso, optando por el procedimiento correspondiente: ya sea como delito leve o a través del procedimiento abreviado, una vez realizada la instrucción pertinente.