Palo a la mano derecha de Morant: un juez le obliga a retirar el vídeo en el que acusó al PP de vandalizar la sede del PSPV

El tribunal estima el recurso del PP y adopta medidas cautelares contra Vicent Mascarell al apreciar indicios de calumnias, considerando "gratuito e injusto" cruzar el límite de la crítica política atribuyendo un delito "en base a meras sospechas y elucubraciones". Además, unas horas después esas pintadas fueron reivindicadas por las juventudes del Frente Obrero.

El secretario de organización del PSPV, Vicent Mascarell el día que acusó al PP de cometer dicho ataquePSPV-PSOE

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Un juzgado de Valencia ha ordenado al secretario de Organización del PSPV-PSOE y mano derecha de Diana Morant, Vicent Mascarell, que retire de X el vídeo en el que atribuyó al Partido Popular las pintadas realizadas sobre la fachada de la sede socialista valenciana en el verano de 2025. La medida cautelar, adoptada por el Tribunal de Instancia de Valencia tras estimar el recurso interpuesto por el PP, llega después de que el mismo juzgado hubiera denegado inicialmente esas medidas al no ver suficientes indicios de delito de calumnias.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio cuando, tras un ataque a la sede del PSPV en Valencia, Mascarell decidió grabarse un vídeo frente a la fachada manchada de pintura para culpar, de manera directa al Partido Popular de este acto vandálico. Sin embargo, horas después del ataque, y de las acusaciones vertidas por Mascarell contra los populares, un grupo comunista, Juventud Combativa, que nada tiene que ver con el PP y la derecha, reivindico la autoría de este hecho con un vídeo en el que se mostraba como varios jóvenes encapuchados lanzaban botes de pintura negra contra la entrada principal del número 1 de la calle Hospital: “El odio que se ha destilado contra los socialistas este fin de semana en el Congreso del PP, la violencia verbal ejercida contra el presidente del gobierno, contra dirigentes socialistas, por parte del señor Aznar, del señor Feijóo, del señor M. Rajoy, tienen como consecuencia actos violentos”, aseguraba Mascarell en dicho vídeo.

La reacción del PP no se hizo esperar y, apenas unos días después, la secretaria general del PP de la provincia de Valencia, Reme Mazzolari, presentó ante el juzgado de primera instancia de Valencia una solicitud para un acto de conciliación previo a la interposición de querella criminal por un presunto delito de calumnias contra Vicent Mascarell por acusar al PP de ser el “autor” del ataque a la sede del PSPV.

Ahora, después de que el PP presentara un recurso de reforma interpuesto contra la decisión de este juzgado que recogía la denegación de medidas cautelares al considerar que no existían suficientes indicios de delito de calumnias, el magistrado ha cambiado su criterio al considerar que en este caso concreto "hay indicios bastantes" para apreciar lo que en términos jurídicos se denomina "animus iniuriandi", es decir, la intención de injuriar. El auto recoge que Mascarell afirmó "de modo rotundo" que los daños en la fachada de la sede del PSPV fueron causados por el PP "en base a premeditación, alevosía y nocturnidad", imputando así un delito de daños "basado en meras sospechas, elucubraciones y suposiciones".

El juzgado reconoce que la libertad de expresión es uno de los pilares de una sociedad democrática, pero concluye que en este caso concreto "es del todo gratuito e injusto cruzar el límite de la sana crítica". El hecho de que Mascarell argumentara que las pintadas estaban precedidas de un congreso del PP en Madrid donde se habría expresado "el ejercicio de la violencia hacia el PSOE, tanto verbal como material" no es, según el magistrado, "justificación suficiente para sus declaraciones presuntamente calumniosas".

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El PP había recurrido la denegación inicial de las medidas cautelares alegando que el vídeo seguía publicado en la red social y que era "totalmente imprescindible" retirarlo por contener calumnias contra la formación. El juzgado le ha dado la razón, aunque la causa principal por calumnias sigue su curso y será en el juicio oral donde se determinará si finalmente hubo o no delito.