José María Ángel cuenta "su verdad" al juez tras trabajar 40 años en la Diputación con un presunto título falso

El hombre que el Gobierno de Sánchez designó para liderar la recuperación de los territorios devastados por la dana y uno de los rostros visible del socialismo valenciano durante las últimas décadas se sentó este viernes en el banquillo de los investigados acusado de un presunto delito de falsedad en documento público. José María Ángel, excomisionado especial para la Reconstrucción, compareció ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia —plaza número 4— por una causa que gira en torno a un título de diplomado en archivística y biblioteconomía que, según la denuncia, habría sido falsificado hace más de cuarenta años, diploma que le habría servido para obtener su plaza como funcionario en la Diputación de Valencia, institución de la que ha estado cobrando durante años.

Ángel llegó al juzgado una hora antes de la hora fijada para su declaración, pasadas las once de la mañana, sin dirigir la palabra a los periodistas apostados en la entrada. A la salida, el tono cambió ligeramente: aseguró estar tranquilo y satisfecho con cómo había transcurrido la sesión. "Cuando uno va a intentar trasladar su verdad, está contento", afirmó, antes de añadir que prefería no hacer más declaraciones "por respeto a lo que ha pasado".

La causa tiene sus raíces en 1981, cuando Ángel accedió a la Diputación de Valencia como Ayudante Técnico de Archivos y Bibliotecas. Dos años más tarde presentó el  presunto título falso que lo habilitaría formalmente para el puesto. Décadas después, una denuncia a raíz de todas las polémicas surgidas en torno a los currículos de los políticos y su gran capacidad inventiva, puso en cuestión la autenticidad de ese documento.

El juez instructor, que curiosamente resulto ser el marido de la jueza instructora de la causa de la dana, Nuria Ruíz Tobarra, decidió archivar el caso argumentando que el presunto delito de falsedad documental había prescrito y que, además, la documentación de la Diputación indicaba que el denunciado no habría necesitado ese título para acceder al organismo provincial en su momento.

Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia tumbó ese sobreseimiento en abril de este año, estimando los recursos presentados por Manos Limpias, la propia Diputación y, parcialmente, por la Fiscalía. El tribunal abrió la instrucción al considerar que no era posible descartar que Ángel hubiera utilizado el título cuestionado para respaldar las dos solicitudes de prórroga en el servicio activo que presentó en 2023 y 2024.

La clave: las prórrogas que reactivan el reloj

Apoyándose en jurisprudencia de distintos Tribunales Superiores de Justicia, el tribunal subrayó que quien solicita una prórroga en el servicio activo no se limita a prolongar una situación consolidada, sino que debe acreditar que sigue reuniendo los requisitos que en su día le permitieron acceder al puesto. En otras palabras, debe demostrar su aptitud, ya sea de forma expresa o implícita, y eso incluye la titulación que sustentó su carrera.

Con este argumento, si el diploma presentado en los ochenta era falso y Ángel lo hubiera utilizado —directa o indirectamente— para obtener las prórrogas, el posible delito no habría prescrito: se habría ejecutado de nuevo en fechas recientes. Esa es precisamente la hipótesis que el juez deberá ahora explorar, después de que la Audiencia ordenara reabrir la instrucción que había sido cerrada.