La creación del “Comando G”
La expresión “Comando G” funciona como una sátira tan precisa. Resume la idea de un círculo opaco de defensa construido alrededor de Begoña Gómez y del propio presidente, no necesariamente como una verdad judicial cerrada.
Imagen de la legendaria serie "Comando G".
Hay gobiernos que caen por sus errores y gobiernos que se pudren por su reflejo. El “sanchismo” pertenece a la segunda especie: no solo administra el poder, sino que lo usa como parapeto, como coartada y, cuando se ve cercado, como instrumento de defensa sucia. La instrucción del juez Pedraz sobre Leire Díez no describe ya una simple trama de nombres y encuentros, sino una cultura política: la de un partido -el PSOE de Pedro Sánchez- que, cuando la justicia toca a la puerta, no abre; intenta desviar la cerradura.
La comparación con la Italia de Bettino Craxi no es exacta, pero sí incómodamente reveladora. Craxi encarnó el derrumbe de un sistema político alimentado por la financiación opaca y la corrupción estructural, hasta convertirse en el símbolo de una época en la que el partido confundió Estado, partido y supervivencia personal.
España no está, por ahora, en una Tangentopoli cerrada y certificada, pero sí en una zona moralmente parecida: la del poder que sospecha que puede salvarse no limpiándose, sino ensuciando aún más el terreno.
Lo verdaderamente grave del asunto no es solo lo que se investiga, sino la lógica que la investigación deja entrever. Si la instrucción del juez Pedraz apunta a una trama destinada a desestabilizar causas judiciales que afectaban al entorno de Pedro Sánchez, entonces el problema ya no es un caso aislado, sino la posible existencia de una ingeniería política de protección. Y esa ingeniería no necesita grandes conspiraciones para ser repugnante: le basta con una red de lealtades, silencios, emisarios y manos supuestamente limpias para operar como una cloaca con sede en Ferraz.
Por eso la expresión “Comando G” funciona como una sátira tan precisa. Resume la idea de un círculo opaco de defensa construido alrededor de Begoña Gómez y del propio presidente, no necesariamente como una verdad judicial cerrada, sino como una metáfora de poder blindado, arrogante y cada vez más incapaz de distinguir entre Estado e interés propio.
La política española lleva años degradándose, pero aquí se cruza una frontera especialmente tóxica: la de un partido que, frente a la sombra de la corrupción o de la manipulación de causas, parece más interesado en controlar el incendio que en extinguirlo.
La carta de abril de 2024 y los días de reflexión de Pedro Sánchez aparecen así como algo más que un episodio personal o institucional: se convierten en el posible origen de una reacción defensiva del aparato “sanchista”, una suerte de “estado de excepción” sentimental del PSOE en el que la preocupación por la esposa del presidente, la presión judicial y la lógica de supervivencia partidista habrían terminado mezclándose en un mismo caldo.
Si eso se confirma en sede judicial, el daño político será devastador; si no se confirma, el daño moral ya está hecho porque el país habrá contemplado hasta qué punto el poder considera legítimo responder a la justicia como si fuera un enemigo que neutralizar.
No hace falta que esta historia termine como la de Bettino Craxi para que el parecido resulte inquietante. Basta con que el ciudadano perciba que el poder ya no se defiende con argumentos, sino con maniobras; no con transparencia, sino con contrafuegos; no con ejemplaridad, sino con una ingeniería de supervivencia.
Y cuando un gobierno entra en esa fase, el problema deja de ser quién manda y pasa a ser mucho más grave: qué clase de país tolera que el mando se convierta en una forma refinada de autodefensa corrupta. La creación del “Comando G” no es solo un título provocador; es el nombre más exacto para un ecosistema político en el que la proximidad al poder parece bastar para convertir la sospecha en estrategia y la estrategia en cobertura. Y eso, en democracia, huele menos a gobierno que a descomposición.
Y es que Pedro Sánchez ya no puede escudarse en el contexto ni en la complejidad del momento: esto lleva su firma. Cada cesión opaca, cada cambio de criterio y cada maniobra para resistir un día más en La Moncloa y en la calle Ferraz no responden a una necesidad de país, sino a una voluntad personal de poder sin límites reconocibles.
Lo que se presenta como táctica es, en realidad, una forma de gobernar basada en el desgaste deliberado de las instituciones. Y cuando un presidente cruza esa línea, deja de ser un problema político para convertirse en un problema democrático.