Catalá defiende su gestión de la dana y denuncia que Valencia nunca fue alertada del riesgo real en sus pedanías

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha defendido este martes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso que el Ayuntamiento actuó conforme a todos los protocolos de emergencia previstos y ha sostenido que la ciudad nunca recibió una alerta que advirtiera del riesgo real que acabó afectando gravemente a varias de sus pedanías del sur. Durante su comparecencia, Catalá aseguró que el consistorio activó desde primera hora de la mañana todos los mecanismos contemplados en en los diferentes planes y protocolos municipales y reivindicó que el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) fue uno de los organismos que más decisiones y órdenes emitió durante la jornada del 29 de octubre, más allá de afirmar que Valencia fue uno de los primeros consistorios en convocarlo aquella fatídica jornada. Al mismo tiempo, puso el foco sobre las limitaciones de la planificación existente y sobre la falta de avisos que, según afirmó, recibió el Ayuntamiento a medida que avanzaba la emergencia.

Uno de los mensajes en los que más ha incidido la alcaldesa ha sido que el Plan de Inundabilidad aprobado por el anterior gobierno municipal, y el cual sirvió como hoja de ruta para tomar ciertas decisiones aquella jornada, no contemplaba como posibilidad el escenario que finalmente se produjo en las pedanías valencianas de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo. Según ha explicado, el Plan de Inundabilidad aprobado durante la legislatura de Joan Ribó partía de una cartografía que ha calificado de desactualizada y establecía que, en caso de desbordamiento del barranco del Poyo, el agua se dirigiría principalmente hacia zonas de cultivo y arrozales, es decir, aguas abajo. En consecuencia, el documento no preveía afecciones de la magnitud registrada en los núcleos habitados del término municipal de Valencia.

Catalá ha sostenido que esa circunstancia explica que el Ayuntamiento no activara avisos específicos hacia zonas situadas aguas arriba y defendió que el consistorio actuó conforme a la información oficial disponible en cada momento. La alcaldesa ha insistido en que la ciudad se encontraba ese día bajo previsiones meteorológicas mucho menos severas que las registradas en otras comarcas y recordó que en Valencia capital apenas se produjeron precipitaciones significativas durante buena parte de la jornada.

La primera edil también ha puesto en valor la rapidez de reacción del consistorio. A las diez de la mañana, coincidiendo con la activación de la alerta roja hidrológica, convocó el Cecopal y contactó con responsables autonómicos de Emergencias para seguir la evolución de la situación. Catalá ha asegurado que a las 12.20 horas el Ayuntamiento recibió una nueva alerta hidrológica en la que se indicaba que los técnicos de Emergencias de la Generalitat y de la Confederación Hidrográfica serían los encargados de trasladar cualquier incidencia relevante que pudiera afectar al municipio. Sin embargo, sostuvo que esas comunicaciones posteriores nunca llegaron a producirse pese al agravamiento progresivo de la situación en la cuenca del barranco del Poyo.

Tras esto, Catalá ha sacado pecho de su gestión y la de su gobierno municipal aquella jornada afirmando que le resulta difícil encontrar una administración local que desplegara una respuesta más intensa durante aquel día.

Durante su intervención, Catalá también puso en valor la actuación de los servicios municipales una vez comenzaron a producirse las inundaciones y sus consecuencias en el área metropolitana. Según explicó, la Policía Local de Valencia participó entre el 29 y la madrugada del 30 de octubre en cerca de 3.000 personas que habían quedado atrapadas en vehículos en carreteras como la pista de Silla, la V-30 o la A-3. Además, ha señalado que el Ayuntamiento colaboró para garantizar el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por la catástrofe en el área metropolitana durante los días posteriores.

Sobre el despligue de efectivos como agentes municipales o bomberos en el área metropolitana, la alcaldesa ha afirmado que recibió una instrucción remitida por el secretario de Estado de Emergencias que limitaba la actuación de los recursos locales fuera de su ámbito competencial o término municipal. En este contexto, Catalá ha defendido que, aunque reconoce que hubo aspectos que pueden ser objeto de revisión y mejora, su consistorio actuó dentro de las competencias que tenía asignadas y siguiendo los protocolos vigentes en cada momento.