La reducción de jornada irá al Congreso como una propuesta sin apoyos ni viabilidad real
El proyecto de ley para rebajar la jornada laboral llega al Congreso el 10 de septiembre con todos los visos de convertirse en un fracaso anunciado. Ni cuenta con el respaldo empresarial, ni suma los apoyos parlamentarios necesarios, ni despeja las dudas sobre su impacto económico. Una medida presentada como gran conquista social que, en la práctica, amenaza con quedarse en un ejercicio de propaganda sin futuro.
Yolanda Díaz
La reducción de jornada laboral encara la semana que viene en el Congreso un examen decisivo, pero el panorama dista mucho de ser favorable. Junts ha reiterado que, a día de hoy, no existe acuerdo alguno para desbloquear la medida, lo que sitúa al Gobierno ante el riesgo real de un sonoro fracaso parlamentario.
El debate, previsto para el 10 de septiembre, llega después de un verano en el que el Ejecutivo optó por aplazar la discusión con el argumento de que había “mucho ruido político”. Lo que en realidad consiguió Moncloa fue ganar tiempo para intentar convencer a unos socios cada vez más escépticos. Y, pese a esos esfuerzos, Junts mantiene la enmienda a la totalidad, en la misma línea que PP y Vox, con lo que la tramitación podría naufragar antes incluso de arrancar.
El propio secretario general de Junts, Jordi Turull, admitía en TV3 que existen contactos, pero sin avances de fondo porque el planteamiento del Gobierno se percibe como “radicalmente diferente” al suyo. La situación, por tanto, está en punto muerto desde antes de las vacaciones, y no hay señales de que vaya a desbloquearse en cuestión de días.
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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en que “ya no caben más aplazamientos” y que son “más de 12 millones de trabajadores” los que esperan esta reforma. Sin embargo, su discurso peca de triunfalista: ni hay consenso político, ni hay consenso empresarial. La CEOE y Cepyme rechazan de plano la medida, advirtiendo de que encarecerá los costes y restará competitividad a las empresas. Y aunque CCOO y UGT se han alineado con el Ejecutivo, amenazando con movilizaciones si no se aprueba, lo cierto es que la presión sindical no garantiza la viabilidad de un texto que divide profundamente al arco parlamentario.
El Gobierno vende la propuesta como una demanda social incuestionable —“la ciudadanía ya se ha pronunciado”, aseguran desde Trabajo—, pero confunde el deseo legítimo de conciliar mejor la vida laboral y personal con la realidad legislativa y económica. En política no basta con proclamar que la mayoría “quiere trabajar menos y vivir mejor”: hacen falta pactos concretos, números sólidos y un plan creíble para que las empresas asuman la transición.
La iniciativa incluye, además, la regulación del derecho a la desconexión digital y el refuerzo del control horario digitalizado, medidas que pueden sonar modernas pero que generan suspicacias entre los empresarios, que ven en ellas un aumento de burocracia y de fiscalización.
El Gobierno, en definitiva, llega al debate con un relato construido sobre el entusiasmo sindical y el optimismo ministerial, pero sin los apoyos necesarios para garantizar la supervivencia del proyecto. Y en un Congreso donde cada voto cuenta, la falta de realismo puede convertir la reducción de jornada en un símbolo más de promesas que no pasan del papel.