Dilapidando nuestras renovables

Esta semana investigaciones periodísticas han destapado posibles tramas societarias y de personas vinculadas al PSOE con empresas y negocios del sector fotovoltaico. Hay que investigar a fondo, porque es mucho lo que nos jugamos. No se trata de criminalizar las renovables, sino de protegerlas: cuando un sector moviliza miles de millones en autorizaciones, subastas y derechos de acceso, el riesgo de captura regulatoria aumenta si no existen controles rigurosos y transparencia plena. Si el despliegue renovable se percibe como terreno abonado para la intermediación política y el negocio ilegal, la legitimidad del proceso se erosiona y, con ella, la estabilidad inversora.

Un acierto estratégico de hace décadas, que estamos dilapidando

Desde el primer Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010, España ha liderado en Europa la transformación de su matriz eléctrica apostando por la descarbonización mediante tecnologías basadas en sus recursos naturales —viento, agua y sol—, una estrategia que ha permitido que hoy estas energías sean plenamente competitivas e incluso más baratas que las tradicionales. Pero la competitividad del kilovatio hora no basta: un sistema eléctrico necesita estabilidad de red, seguridad de suministro y tecnologías de respaldo que acompañen la intermitencia para integrar eficientemente esa generación limpia.

Ese equilibrio se ha ido rompiendo desde 2018. Aquel año las renovables representaban el 38 % del mix; en 2025 superan el 55 %. La potencia fotovoltaica ha pasado de poco más de 5.000 MW a más de 32.000 MW. Esta abundancia solar ha provocado que en más de 1.200 horas de 2025 la electricidad se haya vertido al mercado a precio cero o negativo, frente a las escasas decenas registradas en 2018. Sobre el papel, deberíamos ser el sistema más barato y eficiente de Europa. Sin embargo, nunca hemos tenido tanta electricidad potencialmente barata y, al mismo tiempo, tantos síntomas de fragilidad, desorden, sobrecostes, voracidad fiscal y opacidad, que encarecen el precio final de nuestra factura eléctrica. La paradoja renovable no es técnica: es regulatoria e institucional.

Más renovables… pero el gas sigue fijando el precio

El sistema necesita respaldo firme cuando no hay sol ni viento, siendo el gas la principal tecnología que entra en esos momentos y, en el mercado marginalista europeo, cuando es la última en cubrir la demanda fija el precio que cobran todas, aunque su coste sea muy inferior. Esto encarece la factura.

Desde el gran apagón, al restringirse regulatoriamente la producción renovable y reforzarse la operación de la red, los ciclos combinados han incrementado su producción en más de un 60 %, mientras compañías como Naturgy han elevado su cuenta de resultados en torno a 2.000 millones de euros. Si además se mantiene el calendario de cierre nuclear que eliminará 7.000 MW de generación firme entre 2027 y 2035, el sistema dependerá aún más del gas —más caro que la nuclear— aumentando costes estructurales. La nuclear aporta hoy cerca del 20 % de la electricidad anual y una proporción mayor de energía estable; cerrarla sin alternativas equivalentes incrementa fragilidad y costes, de modo que los bajos costes renovables no se trasladan plenamente al consumidor sino que se diluyen en un sistema donde se cobra a precio de gas lo que tiene coste casi cero.

Más de 1.200 horas a precio cero… y el sistema más tensionado

La llamada “canibalización renovable” explica el hundimiento de precios cuando muchas plantas producen simultáneamente. Cuanto más éxito tiene la solar, más hunde el precio cuando brilla el sol, debilitando ingresos y señales para invertir en almacenamiento, capacidad firme y flexibilidad. El sistema necesita ingresos suficientes para sostener respaldo, redes y estabilidad que garanticen continuidad, porque ni el sol ni el viento están siempre disponibles.

Cuando la señal de precio se hunde demasiadas horas, el mercado deja de incentivar la inversión necesaria para equilibrar el sistema. El resultado es un esquema de precios extremos: muy bajos en horas solares, elevados cuando entra el gas por la noche o en picos de demanda, con mecanismos insuficientes —por falta de regulación adecuada— para garantizar seguridad de suministro en un contexto de alta penetración renovable. Para muchos expertos independientes, ahí estuvo la causa estructural del gran apagón de abril.

Producimos más de lo que podemos integrar

El exceso de producción en determinadas horas genera otra distorsión: las redes no están preparadas para absorber esos picos, lo que ha disparado las “restricciones técnicas”; hay horas en que producimos más energía limpia de la que podemos transportar o utilizar. Incluso para renovables gestionables, como la termosolar, -capaz de producir también de noche-, y que ha limitado su producción por restricciones técnicas un 7% en 2024 pero un 20% en 2025.

Es generalizado. En 2018 el coste de estas restricciones apenas suponía el 2 % del precio final; en 2025 alcanza hasta el 20 %, y en zonas con fuerte concentración solar los vertidos pueden llegar al 40 %. Tras el apagón se han ampliado los márgenes de seguridad en la operación, incrementando aún más estas limitaciones y su coste. Estamos pagando en torno a 1.000 millones de euros adicionales en nuestras facturas por la operación reforzada que aplica Red Eléctrica. Quizá no se le quiera llamar “impuesto al sol”, pero se le parece mucho: es el coste que penaliza a consumidores y renovables por no haber desarrollado la red al ritmo de la potencia instalada.

La escasez artificial de red

En un sistema bien diseñado, el acceso a red debería asignarse de forma transparente, competitiva y vinculada a proyectos reales, reforzando allí donde sea necesario con más red, digitalización y almacenamiento. Sin embargo, han salido a la luz operaciones de compraventa de permisos de acceso con potencia reservada sin desarrollo efectivo: nudos bloqueados, capacidad congelada y derechos revendidos.

En este contexto es una señal preocupante que el gobierno desde 2020 venga dictando nuevas normas para adjudicar la capacidad en nudos saturados, congelando nuevas autorizaciones para convocar subastas y concurso competitivo, pero luego no las convoque. A diciembre de 2025, 386 nudos de la red están “bloqueados” para concurso de generación y 78 nudos para concursos de demanda. También es preocupante la falta de aprobación de normativa que permita el acceso y conexión flexible; ya que la saturación se produce en determinadas horas del día, pero no en todas.

En 2018 el acceso no era un bien escaso; en 2025 supera el 88 % de saturación en el conjunto del país, con provincias al 100 %. La combinación de planificación deficiente, procesos administrativos lentos y expectativas regulatorias cambiantes que restringen aún más lo que ya es escaso ha creado un ecosistema donde el acceso a red es una barrera que impide la electrificación que buscamos y propicia la picaresca cuando no la corrupción sistémica.

Es urgente corregir el rumbo

Si el problema no son las renovables, la solución no puede ser frenarlas, sino reequilibrar y modernizar el sistema con regulación inteligente que favorezca señales económicas eficientes en lugar de gestionar mal una escasez que se ha vuelto estructural. Producir mucho con sol, viento y agua es una ventaja natural. Convertirlo en energía estable, competitiva y bien gestionada es una cuestión de buen diseño regulatorio e institucional. De buen gobierno. Lamentablemente, lo que más nos falta.