La mutación silenciosa de nuestras redes eléctricas

Congestión en nuestras redes

Red eléctrica acaba de publicar en estos días el grado de saturación de nuestras redes de transporte eléctrico, en el entorno del 75%. Viene a añadirse a la saturación de las de distribución, que ronda el 88% con un tercio de las provincias en el 100%. 

La consecuencia es que casi el 90% de las peticiones de acceso y conexión a la red, resultan denegadas por falta de capacidad de anexo y conexión. Proyectos industriales, almacenamiento, centros de datos o nuevas instalaciones renovables quedan bloqueados no por falta de recurso energético, sino por falta de capacidad planificada. 

El acceso ya no es un derecho regulado: es una concesión administrativa escasa. Absurdo cuando se está exigiendo a la industria que electrifique sus procesos para avanzar en la descarbonización y un gran desperdicio de inversión para incrementar nuestro PIB, nuestro empleo de calidad y nuestro bienestar. 

El viejo Marco legal Estable y la liberalización

El MITECO ha gestionado la planificación de red como si aún viviéramos en el modelo eléctrico del siglo XX: pocos productores, grandes centrales síncronas con potencia e inercia mecánica, generación centralizada y un consumidor pasivo sin capacidad de elección. Aquel sistema funcionaba con redes “tontas”, unidireccionales, diseñadas para transportar energía desde grandes plantas térmicas o hidráulicas hasta un consumidor cautivo. 

Era el Marco legal Estable, un sistema regulado, cerrado a la competencia, en donde era el Estado el que decidía donde se invertía y cuanto se remuneraba a las empresas que invertían.

Pero el sistema actual es radicalmente distinto. Es fruto de la liberalización y la apertura a la competencia que se puso en marcha por la UE en la segunda mitad de los años 90. La Unión Europea construyó el mercado interior de la electricidad sobre un principio básico: el acceso de terceros a las redes debía ser libre, transparente y no discriminatorio. 

La Directiva (UE) 2019/944 y el Reglamento (UE) 2019/943 consolidaron ese modelo, reforzando el derecho de acceso y conexión como condición esencial para la competencia, la eficiencia y la descarbonización.

Hoy hablamos de decenas de miles de productores y prosumidores, generación distribuida, instalaciones modulares basadas en electrónica de potencia, competencia creciente y electrificación industrial acelerada. Este nuevo paradigma requiere redes inteligentes, flexibles y bidireccionales, capaces de gestionar flujos dinámicos, almacenamiento y respuesta de demanda y, fundamental, la libertad de elección del consumidor. 

La regulación de los últimos años, sin embargo, sigue anclada en la mentalidad del monopolio natural gestionado administrativamente.

Las redes, ¿al servicio de la competencia o del control?

El modelo europeo considera la red como una infraestructura habilitadora del mercado, no un instrumento de control político que impida el mercado. El acceso debe concederse bajo reglas objetivas y, cuando la capacidad es insuficiente, debe ampliarse con planificación dinámica y señales económicas adecuadas. 

Pero en España la planificación se ha convertido en un embudo: rígida, lenta y centralizada, incapaz de anticipar la demanda real de electrificación industrial, generación distribuida o nuevas cargas estratégicas.

En definitiva, el marco regulatorio de las redes eléctricas españolas ha mutado silenciosamente hacia un régimen distinto del europeo: de la libertad de acceso hemos pasado al cupo administrativo; del derecho regulado al racionamiento planificado. ¿Casualidad o hay intención en quienes nos gobiernan desde hace 8 años, que ven en lo privado y en la empresa siempre una amenaza de beneficios ilegítimos? 

¿Quizás su mentalidad de intervención social han creído ver una oportunidad en el racionamiento de las redes eléctricas para mutar el marco liberalizador en un nuevo Marco Legal Estable encubierto y enmascarado, que otorga al poder político de facultad de determinar quién invierte y quien no en nuestro sistema eléctrico y cual ha de ser su expectativo de beneficio? 

CNMC y Red Eléctrica, cómplices

El organismo regulador independiente del sector, la CNMC, que debería actuar como garante del mercado y del cumplimiento del derecho europeo, ha mostrado una preocupante pasividad ante esta mutación. Lejos de defender el principio de acceso abierto exigido por Bruselas, ha tolerado un modelo de planificación que convierte la red en cuello de botella estructural. Una autoridad regulatoria colonizada por el Ejecutivo deja de ser árbitro para convertirse en acompañante.

Y otro tanto cabe decir del operador del sistema y gestor de la red de transporte, que incumpliendo las funciones legales que le son encomendadas, ha callado y tolerado sumisamente ante su accionista principal, el propio Gobierno, el deterioro y la disfunción de las redes. Disfunción que le constaba, por el cambio de paradigma de la matriz de nuestra producción eléctrica y las nuevas necesidades de electrificación de la demanda, como tímida se atrevió a balbucear en documentos de 2018. 

Las consecuencias las pagamos todos

Las consecuencias de la inacción gubernamental y de la complicidad con ella las sufrimos con el gran apagón, el colapso sistémico de abril de 2025; algo inédito en nuestra historia. 

Pero el daño no se quedará sólo en ese gran fiasco sino se cambia urgentemente la mentalidad de nuestros reguladores, Si España aspira a atraer inversión industrial en el contexto de la descarbonización europea, aprovechar su abundancia renovable y convertirse en hub energético y digital, el racionamiento eléctrico envía el mensaje contrario: aquí la capacidad depende del cupo disponible o del filtro gubernamental sobre la eficiencia o no del proyecto, con criterios ni transparentes ni suficientemente justificados.

Este mentalidad intervencionista, que ve la libertad y la competencia como una amenaza a su ideal mundo planificado, genera colapsos, fallas, sobrecostes, porque bloquea competencia, retrasa inversiones, obliga a soluciones ineficientes y alimenta mercados secundarios de permisos y autorizaciones. Desperdicia nuestros mejores activos —sol, viento y posición estratégica— al impedir que se conviertan en ventaja real para la economía productiva.

Rectificar para competir en el siglo XXI

Vamos en dirección contraria a lo que demanda Europa y a lo que interesa a España; mientras Europa exige más electrificación, más competencia y más integración de renovables, España ha estado respondiendo desde 2019 con más planificación cerrada, más cupos, mas restricciones técnicas y vertidos de las renovables y más filtro gubernamental para escoger a los elegidos que podrán hacer negocio con la electricidad.

Es un error tratas de volver por la puerta de atrás al Marco Legal Estable de hace cuatro décadas. Lo que ha de hacerse, -y ya llevamos mucho tiempo perdido-, es modernizar el marco regulatorio para adaptarlo a la realidad tecnológica actual de nuestro sistema eléctrico, a nuestras oportunidades de atraer inversión industrial y no limitarnos a exportar energía verde. 

La red no puede seguir gestionándose como infraestructura estática de un sistema centralizado, cuyo objetivo prioritario es un supuesto control de costes; debe convertirse en plataforma dinámica que habilite mercado, inversión y competencia y que reduzca costes incrementando la demanda no reduciendo la inversión.

Después de años de limitaciones y restricciones a la inversión en redes, ha tenido que suceder el gran apagón para que algunos en el gobierno y en el regulador se caigan de su particular guindo. Ahora se anuncia un Real Decreto para ampliar los límites de inversión, nueva normativa de la CNMC con cambios en el acceso y conexión para habilitar la conexión flexible. 

También el gobierno anuncia una propuesta de Real Decreto con nuevos requisitos para el acceso y conexión y liberar capacidad, con la queja del regulador sectorial que denuncia que el gobierno invade sus competencias para el control de las inversiones en redes. Mucha promesa, como viene sucediendo desde 2019, mucho ruido y conflicto y muy malos resultados.

Si no corregimos esta deriva que ya dura demasiado, el lastre no será solo técnico. Será económico y estratégico. La transición energética dejará de ser oportunidad para convertirse en freno.